Washington, DC, Estados Unidos. – La Corte Suprema de Estados Unidos anunció que analizará la legalidad de la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que busca restringir el derecho de ciudadanía por nacimiento, una medida que ha reavivado el debate sobre los límites constitucionales del poder presidencial y la interpretación de la Enmienda 14 , que desde el siglo XIX garantiza la nacionalidad a toda persona nacida en territorio estadounidense.
La decisión del tribunal máximo ocurre tras su fallo a favor de levantar los bloqueos impuestos por tribunales federales en Maryland, Washington y Massachusetts , que habían suspendido temporalmente la entrada en vigor del decreto. Con esta resolución, la Corte se prepara para escuchar los argumentos de ambas partes y determinar si el Ejecutivo tiene autoridad para modificar un principio constitucional que, históricamente, ha sido considerado inalterable.
El decreto presidencial , firmado por Trump el 20 de enero —día en que consolidó su segundo mandato—, prohíbe al gobierno federal emitir pasaportes o certificados de ciudadanía a los niños nacidos en Estados Unidos cuyos padres se encuentren en situación migratoria irregular o temporal , incluidos aquellos con visas de estudiante, trabajo o turismo.
De acuerdo con expertos en política migratoria, la medida podría afectar a más de 250 mil bebés cada año , hijos de padres sin residencia permanente o ciudadanía estadounidense. El mandatario republicano ha justificado su orden al afirmar que la Enmienda 14 fue concebida “para proteger a los hijos de los esclavos y no para quienes buscan obtener la ciudadanía por conveniencia”.
Durante las audiencias previas, el fiscal general de la administración Trump, John Sauer , argumentó que la “concesión errónea de ciudadanía” a hijos de extranjeros irregulares ha causado “un daño sustancial” al país y que la política busca “preservar la integridad territorial de Estados Unidos” y “reducir los incentivos para la inmigración ilegal”.
Sin embargo, los jueces federales calificaron la medida de “manifiestamente inconstitucional” . El magistrado John Coughenour , del estado de Washington —nombrado en su momento por el expresidente Ronald Reagan—, afirmó que “la cuestión jurídica en este caso es de una claridad excepcional”, al señalar que ninguna orden presidencial puede restringir un derecho garantizado por la Constitución.
Actualmente, el Supremo cuenta con seis magistrados de orientación conservadora , tres de los cuales fueron designados por Trump durante su primer mandato (2017-2021). Su postura será determinante en una decisión que podría redefinir el alcance de la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos y marcar un precedente histórico en materia de derechos constitucionales y migración.
Organizaciones civiles y defensores de los derechos humanos han advertido que limitar este derecho vulneraría principios fundamentales de la Constitución y abriría la puerta a una discriminación legal contra hijos de migrantes , alterando el mismo concepto de ciudadanía estadounidense que ha perdurado por más de 150 años.
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