Ciudad de México. – El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) reveló que durante 2025 el gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo , asignó 3 mil 792 millones de pesos en contratos a empresas sancionadas por la Secretaría de Buen Gobierno y Anticorrupción , pese a los mecanismos existentes para evitar adjudicaciones a compañías con antecedentes irregulares.
El informe advierte que la falta de competencia en las contrataciones públicas y la participación de empresas sancionadas o de reciente creación comprometen la transparencia y eficiencia del gasto público. Estas prácticas, señala el IMCO, pueden deteriorar la calidad de los bienes y servicios que reciben las dependencias federales y generar riesgos de corrupción o desvío de recursos .
Entre las instituciones con mayor monto adjudicado a empresas consideradas de riesgo destacan el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) , el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) .
El estudio también subraya que las dependencias responsables de prevenir y sancionar actos de corrupción cuentan con un 26% menos presupuesto real que en 2018 , lo que limita su capacidad de supervisión y control.
Asimismo, el IMCO identificó que el gobierno adjudicó directamente 21.5 millones de pesos sin presentar una justificación pública , contraviniendo los principios de transparencia establecidos en la ley.
El análisis apunta que, si bien la legislación mexicana establece que la licitación pública debe ser la regla general , en la práctica persiste un uso extendido de mecanismos de excepción , lo que debilita la competencia y abre espacio a posibles irregularidades.
Según el informe, dos de cada cinco pesos del gasto público federal —equivalentes a 344 mil millones de pesos— se asignan por adjudicación directa , es decir, el 40% del total , lo que representa un retroceso en materia de rendición de cuentas y buenas prácticas gubernamentales.
El IMCO reiteró que la transparencia en las contrataciones y el fortalecimiento institucional son indispensables para garantizar la correcta administración de los recursos públicos y evitar que se repitan prácticas que minan la confianza ciudadana en las instituciones.
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Foto: Especial
Djs
