Se dice que a principios de diciembre de 2022 estaba lista una orden de aprehensión contra el priista Lorenzo Rivera Nava, quien para ese entonces estaba cumpliendo apenas un año y dos meses como presidente municipal de Chignahuapan. El asunto estaba tan avanzado que “ya se había dado luz verde” desde la cúpula del Poder Ejecutivo para llevar a cabo ese mandamiento judicial.
Unos días más tarde, la repentina muerte del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta provocó que dicho proceso penal se frenara y en las semanas siguientes, surgiera una negociación política del PRI con la 4T que aplazó de manera indefinida dicha causa legal.
Es decir, de manera circunstancial el priista “salvó el pellejo”, pues había en su contra un pesado proceso penal por supuestos actos de corrupción y protección a criminales.
A tres años de distancia, se especula que ese proceso penal contra Lorenzo Rivera Nava seguiría abierto y por ende, se podría convertir en el principal obstáculo para que el ex edil alcance la presidencia del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI en Puebla, que se definirá mediante un proceso interno del tricolor que arrancará el próximo 15 de septiembre.
Esa podría ser la razón por la cual, en el círculo cercano del presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, alias Alito, se ha empezado estudiar la posibilidad de que el partido en Puebla podría quedar en manos de la legisladora federal Xitlalic Ceja García, en lugar de “Lorenzo Junior” –sobrenombre político con el que se conoce al exalcalde–, quien hasta hace un par de semanas era la única opción que impulsaba Alito para encabezar el CDE.
Barbosa lo quería tras las rejas
Fuentes bien informadas del PRI recuerdan que –a finales de 2022– había mucho interés del entonces mandatario estatal Luis Miguel Barbosa de que meter a la cárcel al hijo de Lorenzo Rivera Sosa, quien encabeza un férreo cacicazgo que –por muchos años— ha controlado el poder político y la actividad forestas, además del ramo turístico, en el municipio de Chignahuapan.
A finales de noviembre de 2022 –desde alguna área del gobierno estatal– se hizo llegar la información al CDE del PRI poblano del proceso legal que había contra Lorenzo Rivera Nava –quien fue alcalde en el trienio de 2021 a 2024–, para aclarar que no se trataba de un asunto de “agresión” contra el Partido Revolucionario Institucional, sino era un intento de sancionar graves actos de corrupción que estaban provocando una ola de violencia en la Sierra Norte del estado.
Una de las circunstancias que aplazó la ejecución de la supuesta orden de aprehensión contra Rivera Nava, es que se consideró prudente que la caída del alcalde priista se produjera hasta después del cuarto informe de gobierno de Luis Miguel Barbosa Huerta, que estaba programado para el 14 de diciembre de hace tres años.
La repentina muerte de Luis Miguel Barbosa, ocurrida al mediodía del 13 de diciembre de 2022, llevó a que la fecha del informe se destinara para rendir una despedida de cuerpo presente del finado mandatario, que fue encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Un día después, el 15 de diciembre, con el apoyo del PRI y el PAN, los legisladores de la 4T aprobaron un gobierno interino, encabezado por Sergio Salomón Céspedes Peregrina.
Esa coyuntura fue aprovechada para que, en las cúpulas nacionales del tricolor y la 4T, se acordara no generar ningún conflicto que pudiera provocar inestabilidad en Puebla. Una situación entendible si se toma en cuenta que, para esas fechas, el estado ya había tenido cuatro gobernadores en un mismo sexenio. Una condición que generó un ambiente desequilibrio político en la entidad.
Dicho acuerdo verbal, favoreció a “Lorenzo Junior” para que no lo intentaran aprehender y eso le permitió acabar su periodo oficial como alcalde.
Un jefe policiaco homicida y otro que era el cuñado
La mañana del 4 de noviembre de 2022, un grupo de agentes de las policías Municipal de Chignahuapan y Estatal, de manera conjunta, acudieron a un llamado para atender el reporte de robo de un vehículo en la comunidad de El Paredón.
Al llegar los uniformados al lugar fueron emboscados por una supuesta banda dedicada al robo de combustible. El saldo del enfrentamiento fueron dos agentes muertos: Claudia Herrera y Juan Carlos Pérez.
De la indignación, por la muerte de los uniformados, se pasó al escándalo unos días después por la siguiente razón:
Juan Carlos Pérez no era cualquier policía, era un personaje que un mes antes, le habían girado en su contra una orden de aprehensión –que tenía el número de expediente76/2022– por presuntamente ser el homicida de un albañil llamado Ángel González.
Este servidor público no era un simple agente, era el Director de Operaciones de la Policía Municipal de Chignahuapan. Era quien controlaba a los uniformados de esa corporación.
El asesinato del hombre llamado Ángel González ocurrió en 2018 y desde entonces, existía una averiguación en la que aparecía el nombre de Juan Carlos Pérez.
Tal situación exhibía que en el gobierno de Lorenzo Rivera Nava se contrataban policías que tenían antecedentes obscuros.
Esa omisión era un hecho grave, ya que los gobiernos municipales tienen la obligación legal de revisar los antecedentes de sus policías para evitar que los cuerpos de seguridad sean infiltrados por el hampa.
Quien contrató al policía caído, acusado de homicidio y lo convirtió en “en su brazo derecho” fue Manuel Flores Ordoñez, quien era el secretario de Seguridad Pública de Chignahuapan, con el grave detalle de que a su vez este personaje era –o es— cuñado del presidente municipal. Es decir, había una relación de nepotismo.
Se dice que el tema no se agotaba ahí, pues la muerte de los dos agentes habría servido para descubrir que otros policías no contaban con la certificación– que por mandato legal— deben tener todos los uniformados de las corporaciones de seguridad pública.
A los pocos días de que “se abrió la Caja de Pandora”, renunció Manuel Flores Ordoñez como secretario de Seguridad Pública.
Y se inició un proceso legal contra el entonces alcalde de Chignahuapan.
Como telón de fondo hay dos datos fundamentales:
Primero: durante los tres años de gobierno de Lorenzo Rivera Nava creció de manera alarmante la inseguridad en Chignahuapan. Principalmente los delitos de robo de combustible, hurtos de autos y la aparición de redes de narcomenudeo.
Segundo: siempre en los gobiernos de Luis Miguel Barbosa Huerta y de Sergio Salomón Céspedes Peregrina hubo la observación, o mejor dicho la queja, de que Lorenzo Rivera Nava no participaba en las reuniones de seguridad pública que convocaba el Poder Ejecutivo.
clh