Puerto Escondido, Oax. — Punta Colorada, la última playa virgen de este destino de surf, se encuentra nuevamente en el centro de la polémica por un proyecto inmobiliario que amenaza con transformar 111 hectáreas de selva baja caducifolia y manglar en una zona comercial, hotelera y residencial.
En enero de 2024, una jueza federal, Miriam Fabiola Núñez Castillo, otorgó una suspensión definitiva que impide cualquier obra o tala en esta reserva ecológica. La resolución responde al amparo 681/2023, promovido por colectivos como Salvemos Puerto Escondido y Salvemos Colorada, junto con comunidades de San Pedro Mixtepec, Puerto Escondido y Santa María Colotepec, quienes reunieron cerca de 300 firmas para frenar lo que consideran una amenaza para la biodiversidad local.
El proyecto impulsado por el Gobierno de Oaxaca contemplaba la construcción de siete lotes hoteleros, cinco comerciales y trece residenciales, con una inversión privada y pública estimada en 716 millones de pesos solo para la primera fase. Ahora, la orden judicial indica que ninguna autoridad puede expedir permisos relacionados con la obra y que se deben respetar las medidas ambientales vigentes.
Desde el grupo Salvemos Colorada, se advierte que el desarrollo implicaría deforestación, contaminación lumínica y daños irreversibles al hábitat de especies protegidas —como murciélagos, aves, lagartos y tortugas laúd y golfina—, sin mencionar los efectos sobre el oleaje que atrae surfistas de todo el mundo.
Asimismo, activistas han señalado que el proyecto amenaza con privatizar el acceso a la playa, limitando su disfrute a turistas y autoridades, y marginando a la comunidad local.
En agosto de 2024, la bancada del Partido del Trabajo en el Congreso Federal solicitó a la Semarnat declarar a Punta Colorada como Área Natural Protegida, ante la falta de respuesta oficial y los constantes intentos de despojo de este espacio natural.
Aunque el gobierno defendió el plan bajo el argumento de que entre el 60 % y 70 % del terreno se destinaría a reserva ecológica y que serviría para mejorar infraestructura básica —como agua potable, drenaje y electricidad—, su postura enfrenta críticas por priorizar el desarrollo inmobiliario sobre el derecho de las comunidades y el equilibrio ambiental.
Hoy, la batalla legal sigue activa. Ciudadanas, ciudadanos y colectivos mantienen firme su defensa mediante el amparo colectivo, mientras que la comunidad aguarda una definición que no solo garantice la protección del entorno natural, sino que preserve la identidad y acceso abierto al último vestigio virgen de Puerto Escondido.
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