En medio de un clima marcado por señalamientos, amenazas y un deterioro acelerado de la relación bilateral, los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvieron su primera llamada telefónica, un contacto que ocurre cuando las tensiones diplomáticas entre ambos países atraviesan uno de sus momentos más delicados en años recientes.
La conversación se dio después de que desde Washington se lanzaran acusaciones directas contra Petro, a quien Trump calificó públicamente —sin presentar pruebas— como un “líder del narcotráfico”, además de sugerir que una acción militar contra Colombia sería una posibilidad sobre la mesa. Estos dichos se produjeron tras la intervención militar estadounidense en Venezuela, operación que derivó en la detención de Nicolás Maduro y que encendió alertas en toda la región.
Aunque la Cancillería colombiana confirmó la existencia de la llamada, no ofreció detalles sobre su duración ni sobre los temas abordados, lo que dejó abiertas varias interrogantes sobre si el diálogo sirvió para bajar la tensión o solo para medir fuerzas entre ambos gobiernos.
Desde Bogotá, la preocupación principal apunta a las consecuencias regionales de una posible escalada del conflicto. El vicecanciller Mauricio Jaramillo advirtió que una confrontación abierta podría derivar en un escenario sin precedentes para América Latina, con efectos humanitarios difíciles de contener. Colombia, recordó, comparte más de 2 mil 200 kilómetros de frontera con Venezuela y actualmente alberga a cerca de tres millones de migrantes venezolanos, lo que la coloca en una posición particularmente vulnerable.
Las fricciones entre Colombia y Estados Unidos no son nuevas, pero se intensificaron tras el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025. Desde entonces, los desacuerdos se han acumulado en temas como narcotráfico, migración, comercio y política exterior, hasta alcanzar un punto crítico tras la detención de Maduro, a la que Colombia se refirió como un “secuestro”, postura que provocó una reacción inmediata desde Washington.
La crisis también evidenció una división profunda en América Latina. Mientras gobiernos como los de Argentina y Ecuador respaldaron la caída del líder venezolano, países como Brasil, México y Colombia condenaron la intervención militar. Para Bogotá, esta falta de consenso regional dificulta cualquier respuesta conjunta y deja a cada país expuesto a presiones externas.
A pesar del tono confrontativo de Trump, el gobierno colombiano considera poco probable un ataque directo, aunque ha dejado claro que el país se encuentra preparado para defenderse en caso necesario. Las autoridades insisten en que cualquier decisión sobre el futuro político de Venezuela debe recaer en su propia población y no en potencias extranjeras.
En paralelo, Estados Unidos retiró a Colombia de la lista de aliados en la lucha contra el narcotráfico e impuso sanciones financieras contra Petro y miembros de su entorno, medidas que avivaron el descontento interno. En respuesta, miles de personas salieron a las calles en distintas ciudades colombianas para manifestarse en defensa de la soberanía nacional.
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