Tras la operación militar de Estados Unidos en Venezuela que culminó con la captura del expresidente Nicolás Maduro y su esposa a comienzos de enero, la administración de Donald Trump ha dado un paso más en su intervención en el país sudamericano: anunciar que será Washington —y no Caracas— quien defina qué compañías petroleras pueden operar en el territorio venezolano.
El viernes pasado, Trump sostuvo una reunión en la Casa Blanca con más de veinte representantes de empresas del sector energético. Ante ellos, dejó claro que las negociaciones para invertir y extraer crudo venezolano no se harán directamente con el gobierno local, sino con las autoridades y designados estadounidenses. “No queremos que negocien con Venezuela”, dijo el mandatario al exponer su plan para la industria petrolera, una frase que enfatiza la postura de Washington frente a la administración ahora desplazada en Caracas.
Trump defendió la decisión como una garantía de seguridad para los inversionistas, señalando que antes no existían las condiciones adecuadas para trabajar en Venezuela debido a la falta de certidumbre jurídica y de protección de activos. Ahora, afirmó, las compañías petroleras “tendrán total seguridad”.
Este discurso se da en un contexto tumultuoso: la captura de Maduro el 3 de enero por parte de fuerzas estadounidenses ha generado repercusiones directas en el mapa geopolítico energético. El líder venezolano fue trasladado a Nueva York para enfrentar cargos relacionados con narcotráfico, según informaron medios internacionales, una acción sin precedentes que ha sacudido al mercado petrolero y a la política regional.
La medida también se complementa con esfuerzos paralelos del Gobierno de Trump para controlar la distribución de crudo venezolano. En días recientes, buques petroleros vinculados a Venezuela han sido interceptados por fuerzas estadounidenses en el Caribe, en lo que se presenta como una extensión del intento por regular el flujo de petróleo y sus ingresos.
Además, firmas dedicadas a comercio de materias primas, como Trafigura y Vitol, anunciaron que actuarán como intermediarias en la venta de crudo venezolano a petición del Gobierno estadounidense, lo que refuerza la idea de que Washington está tomando las riendas del sector.
Pese a que la administración Trump presenta estas acciones como esfuerzos para “revitalizar” el sector petrolero y garantizar una transición ordenada, analistas y actores internacionales han cuestionado la legalidad y las implicaciones de que un país decida unilateralmente sobre la explotación de recursos de otro. Organizaciones de derechos humanos y expertos en derecho internacional han señalado que la intervención puede violar normas fundamentales, y que establecer qué empresas pueden operar en un Estado soberano —y bajo qué condiciones— plantea un precedente preocupante.
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