Un accidente que conmocionó a la Ciudad de México ha encendido un debate sobre la seguridad vial y la justicia para las víctimas de tránsito. Roberto Hernández, motociclista, murió tras ser atropellado y arrastrado varios metros, mientras la conductora responsable se retiró del lugar sin auxiliarlo. Este caso ha motivado la creación de la “Ley Roberto”, una iniciativa que busca endurecer las sanciones contra quienes cometen delitos viales graves y abandonan a sus víctimas.
La tragedia provocó protestas, bloqueos y rodadas por parte de la comunidad motociclista, quienes exigieron que la justicia se aplique de manera estricta y que situaciones similares no queden impunes.
Colectivos y familiares han insistido en que este tipo de incidentes no son hechos aislados y que el actual marco legal permite que los responsables de accidentes graves enfrenten penas mínimas, aun cuando la víctima pierda la vida.
¿Qué busca la Ley Roberto?
La iniciativa plantea que los conductores que atropellen a una persona y huyan del lugar, o que no presten auxilio inmediato, enfrenten penas más severas, sin importar si el accidente fue intencional. Entre sus puntos principales se destacan:
Considerar como agravante arrastrar a la víctima o abandonar la escena del accidente.
Limitar beneficios legales a quienes incurran en estas conductas.
Reforzar la protección de motociclistas y peatones, considerados usuarios vulnerables de la vía pública.
La propuesta cuenta con el respaldo de organizaciones civiles, colectivos de motociclistas y activistas de movilidad, quienes argumentan que la legislación actual no refleja la gravedad de estos hechos ni el impacto en las familias.
Tras la muerte de Hernández, se realizaron manifestaciones y rodadas exigiendo justicia y cambios legales. Los participantes señalan que esto refleja un problema estructural de seguridad vial, y no un hecho aislado.
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