Washington. – Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos están aplicando una nueva política interna que les autoriza a ingresar por la fuerza a domicilios sin una orden judicial , calculadas únicamente en una orden administrativa de deportación , según un memorando interno obtenido por The Associated Press .
El documento, firmado el 12 de mayo de 2025 por Todd Lyons , director interino del ICE, establece que los agentes pueden irrumpir en una vivienda si la persona buscada cuenta con una orden final de deportación , aun sin la autorización de un juez. El memorando sostiene que esta medida no contraviene la Constitución ni las leyes migratorias de Estados Unidos, aunque expertos legales y activistas aseguran que contradice las protecciones de la Cuarta Enmienda , que prohíbe registros e incautaciones sin orden judicial.
De acuerdo con el texto, los agentes deben identificarse y explicar el motivo de su presencia antes de usar la fuerza. El procedimiento solo puede realizarse entre las 6:00 de la mañana y las 10:00 de la noche , y se instruye que se utilice únicamente la fuerza “necesaria y razonable” para ingresar. Sin embargo, el memorando no detalla cómo se evaluó la legalidad de esta práctica ni sus posibles repercusiones constitucionales.
El documento ha sido mostrado solo a funcionarios selectos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y utilizado en la capacitación de nuevos agentes , de acuerdo con la denuncia presentada por Whistleblower Aid , una organización jurídica que asesora a empleados públicos que revelan irregularidades. La queja, presentada ante el Congreso estadounidense, fue acompañada por dos funcionarios anónimos que calificaron la política como una “directriz secreta e inconstitucional” .
La AP confirmó la autenticidad del memorando y de la denuncia a través de documentos entregados por un funcionario legislativo bajo condición de anonimato. Según la investigación, algunos nuevos reclutas del ICE han recibido instrucción directa para aplicar la política descrita en el documento, incluso cuando contradicen los materiales de capacitación oficiales del DHS, que insisten en el respeto a los límites constitucionales.
El cambio de directriz se enmarca en la campaña de deportaciones masivas implementada por el gobierno del presidente Donald Trump , que ha incrementado de forma significativa los arrestos migratorios en ciudades como Minneapolis , donde agentes del ICE derribaron la puerta de la vivienda de Garrison Gibson , un ciudadano de Liberia con una orden de deportación vigente desde 2023. Los agentes, vestidos con equipo táctico, ingresaron sin orden judicial, únicamente con una orden administrativa , según documentos revisados por la AP.
La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional , Tricia McLaughlin , declaró que las personas sujetas a una orden administrativa ya pasaron por un “ debido proceso completo ” y cuentan con una orden final de deportación , afirmando que tanto la Corte Suprema como el Congreso han reconocido la validez de esas órdenes en casos de control migratorio. No obstante, la funcionaria no respondió si los agentes han ingresado a viviendas privadas bajo este tipo de órdenes desde la emisión del memorando.
Juristas como Lindsay Nash , profesora de la Escuela de Derecho Cardozo de la Universidad Yeshiva, advirtieron que la política “contradice abiertamente las protecciones constitucionales” y abre la puerta a posibles abusos y errores graves . Nash sostuvo que el memorando representa un precedente riesgoso que podría ampliar las facultades de las agencias migratorias por encima de lo permitido por la ley.
Por su parte, Whistleblower Aid informó que sus representados tardaron varios meses en encontrar una vía segura para divulgar el documento al Congreso, dadas las restricciones internas impuestas por el ICE. En algunos casos, los empleados solo pudieron revisar el memorando en presencia de un supervisor y sin posibilidad de tomar notas o conservar copias.
Aunque el ICE mantiene que la medida es legal, los defensores de migrantes y gobiernos locales temen que esta nueva práctica erosione las protecciones constitucionales y modifique las estrategias de defensa de las comunidades migrantes , que durante años han sido instruidas para no abrir la puerta a los agentes sin una orden judicial firmada por un juez .
El memorando, de ser aplicado plenamente, transformaría la forma en que el ICE ejecuta arrestos domiciliarios en todo el país, marcando un cambio drástico frente a las políticas de control migratorio anteriores y un nuevo punto de tensión entre las agencias federales, las cortes y las organizaciones civiles.
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Foto: Especial
Djs
