Ciudad de México, México.— Una publicación viral en redes sociales detonó nuevas quejas por la reventa de boletos del BTS World Tour en México. El mensaje, difundido el 23 de enero de 2026 a las 11:38 horas y con 248.8 mil visualizaciones, acusa que revendedores digitales habrían acaparado entradas y las ofrecen hasta casi cinco veces por encima del precio original. La captura compartida muestra el mapa de asientos de un recinto con etiquetas como “Una oferta estupenda” y tarifas que van de 26,133 a 62,428 pesos, además de otros montos intermedios —27,584; 29.036; 31.940; 50.813; 52.265; 59,524 y 60,976 pesos—, y cuestiona directamente cuándo actuará la Profeco frente a Ticketmaster.

A partir de esa denuncia, el debate sobre la transparencia en la venta y el mercado secundario volvió a encenderse. Fans señalan que los precios exhibidos en plataformas de reventa hacen inalcanzables las localidades y sostienen que la especulación erosiona la confianza en los procesos de compra. La autoridad de protección al consumidor ha reiterado en múltiples ocasiones que la reventa de boletos no es legal y ha llamado a privilegiar canales oficiales; Sin embargo, hasta ahora no existe un informe público que confirme, con datos auditables, que revendedores hayan adquirido la “mayoría” de las entradas para estos conciertos.
Ticketmaster, por su parte, sostiene de manera general que el valor nominal lo establecen artistas y promotores y que, cuando se habilitan mecanismos de ajuste por demanda, los precios pueden variar antes o durante la venta. En episodios anteriores del sector, Profeco ha intervenido para gestionar reembolsos y bonificaciones cuando identifican afectaciones a consumidores, por lo que el llamado de los fans apunta a que la autoridad supervise los criterios de asignación de boletos, la publicación previa de mapas y tabuladores de precios, así como el funcionamiento de las colas virtuales.
Mientras las quejas se acumulan en redes y el hashtag #BTS_WORLDTOUR continúa activo, la discusión pública se concentra en dos frentes: por un lado, la exigencia de mayor transparencia en cada etapa de la venta primaria; por otro, la demanda de acciones efectivas contra el acaparamiento y la reventa a sobreprecio. La confirmación de eventuales irregularidades dependerá de información oficial que permita verificar inventarios, tiempos de asignación y movimientos de entradas; en tanto, los consumidores son instalados a documentar cualquier incidencia ya presentar quejas formales ante la autoridad competente.
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Foto Ilustrativa
djs