Puebla, Pue.- Con el objetivo de reconocer, visibilizar y sancionar la violencia extrema que enfrentan las personas trans, diputados locales impulsan una iniciativa para adicionar el delito de transhomicidio al Código Penal del Estado de Puebla.
De tal manera, la Diputada Leonela Jazmín Martínez Ayala, integrante del Grupo Legislativo del Partido Nueva Alianza Puebla, en conjunto con el Diputado Pavel Gaspar Ramírez, del Grupo Legislativo del partido Morena, presentaron dicha iniciativa de decreto para castigar hasta con 60 años el transhomicidio
Por tal motivo, la propuesta se basa en adicionar la Sección VI denominada “Del Transhomicidio” al Capítulo Décimo Quinto del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla.
Por tal motivo, la propuesta legislativa plantea tipificar el delito de transhomicidio a quien prive de la vida a una persona trans, cuando la conducta sea motivada por odio, rechazo, desprecio, discriminación o prejuicio relacionados con su identidad o expresión de género, reales o percibidas, independientemente del sexo asignado al nacer.
Cabe recordar que las personas trans enfrentan en México altos niveles de discriminación, exclusión social y violencia extrema, afirma la diputada local.
El marco penal del estado de Puebla no contempla en este momento un tipo penal autónomo que permita visibilizar esta forma específica de violencia, situación que genera subregistro de casos, investigaciones deficientes y obstáculos en el acceso a la justicia.
“A partir de la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos de 2011, el Estado mexicano asumió la obligación de armonizar su legislación con los estándares internacionales de protección reforzada a grupos históricamente discriminados. En este sentido, la iniciativa responde a los principios de igualdad, no discriminación, derecho a la vida y dignidad humana, consagrados en la Constitución y en tratados internacionales”, destacó Jazmín Martínez.
Las sanciones que se proponen son igual a las del feminicidio, es decir, una pena de 40 a 60 años de prisión, así como multa de 500 a 1,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA).
También se contemplan agravantes, como la participación de dos o más personas, relación de confianza, intervención de servidores públicos, situación de especial vulnerabilidad de la víctima o extrema violencia.
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