Coyomeapan, Pue.-Los pobladores y activistas Rufino Ramírez Palacios, así como José Guadalupe Santiago de la inspectoría de Ixtlahuac, perteneciente al municipio de Santa María Coyomeapan ya fueron liberados, luego de ser privados de su libertad y retenido por varias horas; sin embargo, continúan en una situación de riesgo, por lo que se esta solicitando al gobierno del estado y federal investigar que ocurre en esta comunidad de la Sierra Negra, así como brindar medidas para garantizar su integridad.
El dirigente del Movimiento de Autogestión Social, Campesino, Indígena, Popular (MASCIP) en la región, José Luis Leyva Machuca indicó que los dos activistas ya se encuentran en su casa, después de que se los llevaran, pues su ausencia no fue voluntaria, como se ha intentado difundir en redes sociales.
Sostuvo que fueron obligados a trasladarse por un grupo de personas, entre las que presuntamente se encontraban autoridades de la inspectoría a la cabecera municipal, luego de que expresarán públicamente su inconformidad por presuntos actos de tala ilegal en la comunidad y que generó molestias con personas vinculadas a dicha actividad.
De acuerdo con el testimonio recabado, durante el tiempo que permanecieron retenidos se les exigió el pago de 20 mil pesos a cada uno como condición para su liberación, lo que, afirmó Leyva Machuca, constituye un acto de intimidación y una grave violación a la libertad de expresión. Ambos permanecieron incomunicados y solo fueron liberados tras comprometerse a acudir a sus domicilios por el dinero, pese a que no cuentan con esos recursos ni existe fundamento legal para dicha exigencia.
El dirigente del MASCIP subrayó que hasta el momento las autoridades de la inspectoría de Ixtlahuac no han emitido postura oficial, pese a que el inspector fue señalado como uno de los involucrados en los hechos.
Ante este panorama, Leyva Machuca exigió la intervención inmediata de los gobiernos estatal y federal para investigar lo ocurrido, deslindar responsabilidades y, principalmente, implementar medidas urgentes que garanticen la seguridad e integridad de los dos activistas, quienes temen ser víctimas de nuevas agresiones por haber denunciado presuntos delitos ambientales en su comunidad.
Cabe mencionar que se señaló que presuntamente el actuar que están teniendo los pobladores de Ixtlahuac contra estos activistas, es con base a sus usos y costumbres en donde se marca que serán sancionados todos aquellos que hablen mal de la población o que generen una situación que afecte a la inspectoría, se espera que en breve autoridades se pronuncien sobre estos hechos.
Foto: Yomara Pacheco
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