Tehuacán, Pue.- Lo que inició como una crítica ciudadana en redes sociales contra la tala inmoderada terminó en una presunta privación ilegal de libertad, amenazadas de muerte y extorsión, en contra de dos activistas del municipio de Santa María Coyomeapan, ya que las mismas víctimas señalaron haber sido retenidos por autoridades y pobladores de la inspección de Ixtlahuac.
Rufino Ramírez Palacios y José Guadalupe Santiago Altamirano confirmaron haber sido privados de la libertad, intimidados de muerte y obligados a pagar una suma de dinero tras manifestar en redes sociales su rechazo a la tala desmedida en el municipio de Coyomeapan.
Ambos activistas relataron que fueron interceptados por un grupo de hombres armados que se identificaron como policías comunitarios, quienes los forzaron, por medio de agresiones físicas y verbales a trasladarse a la comunidad de Ixtlahuac, donde permanecieron retenidos durante varias horas.
Durante ese tiempo, señalaron, fueron amenazados de muerte y que permanecerían encarcelados si no cubrían una supuesta “multa” de 20 mil pesos. Ante el temor por su integridad, cada uno entregó 10 mil pesos, cantidad que lograron reunir en ese momento, lo que permitió su liberación parcial.
Sin embargo, la intimidación no terminó ahí. Les advirtieron que tenían una hora para regresar con el resto del dinero o, de lo contrario, irían por ellos y por sus familias. Al no poder reunir el monto restante, ambos optaron por resguardarse junto con sus seres queridos ante el riesgo inminente de represalias.
Los denunciantes responsabilizaron directamente al inspector de Ixtlahuac, Cristóbal Comonfort Campos, a quien acusan de encabezar los hechos, así como al presidente municipal de Coyomeapan, Guillermo Abasolo Romana, por no intervenir ni frenar estas acciones pese a tratarse de un conflicto grave.
Rufino y José Guadalupe subrayaron que no pertenecen a dicha inspectoría y que su única “falta” fue compartir y comentar publicaciones en redes sociales relacionadas con la explotación forestal excesiva en la región. Advirtieron que esta actividad ya tiene consecuencias visibles, como la disminución de agua en manantiales y fuentes naturales.
Agregaron que es lamentable que ahora los pobladores justifiquen las agresiones
bajo el amparo de los “usos y costumbres”, al considerar que ninguna práctica comunitaria puede estar por encima de la ley ni permitir este tipo de hechos.
Finalmente, manifestaron que lo que pasaron no puede quedarse así, por lo que interpondrán una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado (FGE), además de que temen por su integridad y la de su familia.
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Foto Yomara Pacheco
clh
