Ciudad de México.- El revés que la Suprema Corte de Estados Unidos propinó a una parte de los aranceles impulsados por Donald Trump no representa, por ahora, un alivio definitivo para México. Especialistas y representantes empresariales advierten que la Casa Blanca reaccionó de inmediato con un nuevo gravamen global del 10% y que, además, existen otras vías legales que Washington puede activar para sostener su agenda comercial.
El jueves 20 de febrero, el máximo tribunal estadunidense resolvió que la Ley de Poderes Económicos en Caso de Emergencia Internacional (IEEPA) no faculta al presidente para imponer aranceles, al considerar que utilizar esa legislación con ese objetivo implica un exceso de autoridad. En su argumentación, la Corte subrayó que el gobierno interpretó la IEEPA como si permitiera establecer y modificar de forma unilateral y sin límites, y remarcó que, en los casi 50 años de vigencia de esa norma, ningún mandatario había recurrido a ella para imponer aranceles, menos aún de la magnitud y alcance planteados. También cuestionó que se justificara su aplicación con el argumento de enfrentar amenazas externas vinculadas al ingreso de drogas ilegales desde Canadá, México y China, así como por déficits comerciales “grandes y persistentes”.
La respuesta de Trump llegó apenas unas horas después. El presidente anunció la imposición de un arancel global del 10% al amparo de la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 y anticipó que su administración recurrirá a otros instrumentos legales para sostener su estrategia. Un análisis del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE) señala que dicha sección permite aplicar aranceles de hasta el 15% por un período máximo de 150 días, con el propósito de atender desequilibrios en la balanza de pagos.
En paralelo, se indicó que Estados Unidos analiza abrir investigaciones bajo la Sección 301 de la misma ley, un mecanismo que puede derivar en aranceles por país, ya sea sobre productos específicos o sobre Múltiples bienes, cuando se concluye que existen prácticas consideradas discriminatorias o contrarias a los intereses comerciales estadunidenses.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) evaluó el impacto inmediato y reconoció un elemento favorable: la decisión de la Corte reduce la discrecionalidad con la que podían imponerse aranceles. Sin embargo, advirtió que el fallo también puede recortar ventajas que México había mantenido en meses recientes, pues actualmente no se pagan los aranceles IEEPA en exportaciones mexicanas que cumplen las reglas de origen del T-MEC, mientras que los competidores sí enfrentan los aranceles llamados “recíprocos”. El CCE agregó que la resolución puede modificar el equilibrio dentro del Congreso estadunidense y el interés de los legisladores por intervenir de manera más directa en la política arancelaria. En su análisis, también planteó dudas sobre la legalidad de acuerdos comerciales bilaterales con diversas regiones y países, y señaló que el episodio podría afectar la imagen de Trump.
Para el COMCE, el panorama sigue siendo delicado. Si bien la Sección 301 exige investigaciones formales, también puede desembocar en medidas de mayor permanencia y alcance que las previstas en la Sección 122. Aun así, el organismo demostró que la intervención de la Corte refuerza la relevancia del cumplimiento pleno del acuerdo comercial más importante de América del Norte, al fortalecer la competitividad regional, favorecer la prosperidad compartida y reducir la incertidumbre que incide en decisiones de inversión y en la estabilidad de cadenas de suministro.
La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) coincidió con esa lectura y sostuvo que el precedente reafirma la importancia de las instituciones, al tiempo que defiende un principio clave para la economía: la política comercial funciona mejor cuando se conduce con certidumbre jurídica, proporcionalidad y reglas claras, lo que, de acuerdo con su postura, ayuda a proteger el empleo, sosteniendo el abasto y dar estabilidad a quienes producen, distribuyen y venden.
En el ámbito gubernamental, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, llamó a actuar con cautela ante este nuevo episodio. Planteó como punto de partida que 85% de lo que exporta México no paga aranceles y recordó que los impuestos vigentes sobre vehículos, acero y aluminio responden a otra base legal dentro de la legislación estadunidense. Al mismo tiempo, informó que el país busca acelerar la diversificación de mercados y que en mayo próximo se firmará la modernización del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México (TLCUEM).
Entre los analistas consultados, Gabriela Siller, directora de Análisis Económico en Grupo Financiero BASE, alertó que, sin los aranceles IEEPA, existe la posibilidad de que Trump busque responder con aranceles sectoriales, un escenario que podría resultar más adverso para México. Explicó que los gravámenes de 25% asociados a la IEEPA no se estaban cobrando al pie de la letra y que más de 80% de los bienes ya estaban exentos por cumplir con el T-MEC, lo que reducía el impacto real sobre una parte importante de las exportaciones mexicanas.
Ignacio Martínez, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (LACEN), sostuvo que la Casa Blanca cuenta con un amplio marco jurídico para impulsar el crecimiento de la economía estadounidense y fortalecer su mercado interno mediante impuestos y barreras arancelarias, con efectos que podrían sacudir la economía mundial y el comercio internacional. En esa lógica, señaló que la política comercial de Trump se alinea con una “estrategia de seguridad nacional”, por lo que demostró clave comprender las herramientas legales que Washington puede utilizar para aplicar su enfoque. Como ejemplo, mencionó la Ley de Seguridad Nacional de 1947, que permite establecer aranceles a países considerados una amenaza para la seguridad de Estados Unidos.
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Foto: Especial
Djs
