En Puebla, la oferta de vivienda de interés social sigue siendo insuficiente. De acuerdo con la representación estatal de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), aunque se construyen 8,000 viviendas en promedio al año, esto no alcanza para cubrir el déficit estimado en 50,000 unidades que requieren familias de bajos ingresos.
Julio Javier Préstamo Abrego, presidente de AMPI en Puebla, señaló que el mercado existe, pero enfrenta desafíos económicos y desaceleración en la producción de los desarrolladores. “El poder adquisitivo ha disminuido; muchas familias no pueden acceder con sus créditos del Infonavit a casas económicas que oscilan entre 500,000 y 600,000 pesos”, explicó.
Otro factor que limita la construcción de vivienda social es la escasez de terrenos, incluso para proyectos verticales, lo que ha llevado a los desarrolladores a priorizar vivienda media y residencial, más rentable que las unidades de interés social. Actualmente, el costo del metro cuadrado en la zona urbana ronda los 700 pesos, lo que dificulta la viabilidad de proyectos económicos.
Préstamo Abrego también mencionó que los desarrolladores no participan en la construcción de las 48,700 viviendas previstas por autoridades federales y estatales en seis años, destinadas a un sector específico y no de libre acceso a la población.
Necesidad de colaboración con autoridades
Ante este panorama, el dirigente de AMPI enfatizó la importancia de que los gobiernos contribuyan a localizar terrenos para la construcción de vivienda social, evitando que la oferta disminuya año con año. Para 2026, se espera mantener la producción anual en 8,000 unidades, cifra aún inferior a la del año anterior.
“El impacto de los altos precios del suelo limita nuevos desarrollos y la capacidad de compra de las familias”, señaló Préstamo Abrego. Recordó que en la zona metropolitana, donde se concentra el 60% de la producción total, la tierra está fragmentada y los precios se han elevado significativamente.
Si bien la Canadevi ha identificado zonas susceptibles para nuevos proyectos, el dirigente indicó que es fundamental el apoyo de las autoridades en negociaciones con ejidatarios, quienes piden precios más altos, y en la homologación y simplificación de trámites entre municipios, para agilizar la ejecución de obras.
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