Representantes del sector empresarial en Puebla plantearon al Congreso local una serie de cambios a la legislación en materia de obra pública con el objetivo de agilizar la aprobación de proyectos y reducir trámites administrativos que, según señalaron, actualmente retrasan el desarrollo de infraestructura en el estado.
La propuesta fue presentada por integrantes del Consejo de Organismos Empresariales (COE), encabezados por César Bonilla Yunes, quienes sostuvieron un encuentro con legisladores para exponer la necesidad de actualizar el marco legal que regula la construcción de obra pública, el desarrollo urbano y la protección del patrimonio histórico.
De acuerdo con el dirigente empresarial, uno de los principales puntos de la iniciativa busca simplificar procesos administrativos mediante la creación de la figura del Director Responsable de Obra (DRO) estatal. Con este mecanismo, arquitectos e ingenieros podrían ejercer su actividad en los 217 municipios del estado con un solo registro, evitando duplicidad de trámites y costos adicionales que actualmente deben cubrirse en cada localidad.
Impulso a tecnología en la construcción
Otro de los ejes planteados por el sector empresarial es la modernización tecnológica en los proyectos de infraestructura pública. Entre las propuestas se encuentra la incorporación obligatoria del Modelado de Información de la Construcción (BIM), una herramienta digital que permite planificar y supervisar obras mediante modelos virtuales, lo que ayuda a detectar errores antes de iniciar la construcción y reducir costos.
Además, se planteó utilizar el Sistema de Administración de Pavimentos (SAP) para mejorar el seguimiento y mantenimiento de la infraestructura vial. Según los empresarios, este sistema permitiría evaluar el estado de calles y carreteras para programar reparaciones con mayor eficiencia.
Propuestas para transparencia y control de obras
El organismo empresarial también sugirió implementar un Padrón Único de Contratistas, con el fin de simplificar los procesos de contratación pública y establecer criterios más claros para la participación de empresas en proyectos gubernamentales.
A esto se suma la propuesta de reconocer formalmente a laboratorios especializados y acreditados, que se encarguen de verificar la calidad de materiales y procesos constructivos, lo que, según el COE, contribuiría a garantizar mayor seguridad en las obras públicas.
Planeación urbana y protección del patrimonio
En materia de planeación territorial, los empresarios señalaron que es necesario fortalecer el ordenamiento urbano con una visión más amplia, incluyendo criterios de desarrollo sostenible y perspectiva de género. También propusieron reactivar el Instituto del Patrimonio Artístico, Antropológico, Arqueológico e Histórico del Estado de Puebla (IPAAHAP), con el objetivo de proteger edificios y zonas con valor histórico y cultural.
Bonilla Yunes explicó que la propuesta cuenta con el respaldo de colegios de arquitectos, ingenieros y especialistas del sector, quienes manifestaron su disposición para colaborar con el Poder Legislativo en la elaboración de un marco normativo actualizado.
De acuerdo con el dirigente empresarial, la Ley de Obra Pública vigente tiene más de dos décadas sin modificaciones relevantes, por lo que considera necesario revisarla para adaptarla a las condiciones actuales del sector de la construcción y a las necesidades de infraestructura en la entidad.
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