El pleno del Senado de la República aprobó una reforma constitucional que busca establecer un límite a las pensiones pagadas con recursos públicos. La iniciativa plantea que ninguna pensión podrá superar el 50 % del salario de la presidenta de México, actualmente Claudia Sheinbaum, con la intención de frenar montos considerados excesivos dentro de la administración pública.
La modificación al artículo 127 de la Constitución fue aprobada por unanimidad con 116 votos a favor. Legisladores que respaldaron la propuesta señalaron que durante años se aprobaron pensiones muy elevadas para algunos exfuncionarios, mientras que la mayoría de los jubilados en el país recibe cantidades considerablemente menores.
Durante la discusión, el senador de Morena Javier Corral Jurado señaló que existen esquemas que permiten pagos muy altos a una parte reducida de la burocracia, lo cual —dijo— contrasta con la realidad económica de gran parte de la población. En el mismo sentido, el legislador Saúl Monreal explicó que la pensión promedio en México se ubica entre seis mil 676 y ocho mil 400 pesos mensuales, mientras que en algunos casos dentro del sector público los pagos pueden alcanzar entre 340 mil y hasta un millón de pesos al mes.
Aunque la reforma fue respaldada por todas las fuerzas políticas en lo general, legisladores de oposición cuestionaron algunos aspectos de la iniciativa. La senadora del PRI Carolina Viggiano señaló que el tema se ha utilizado dentro de la discusión pública con fines políticos.
Desde el PAN, el senador Francisco Javier Ramírez Acuña consideró que la medida debería aplicarse de forma más amplia a organismos públicos e instituciones autónomas, además de proponer que el límite se calcule con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para evitar que dependa del salario presidencial.
Por su parte, legisladores de Movimiento Ciudadano se abstuvieron durante la votación en lo particular. La senadora Alejandra Barrales argumentó que la reforma no aborda el problema estructural del sistema de pensiones en el país.
Tras su aprobación en la cámara alta, la iniciativa fue enviada a la Cámara de Diputados, donde continuará el proceso legislativo antes de una posible entrada en vigor.
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