En las últimas semanas se han anunciado una larga lista de cambios en el Poder Judicial (PJ) tendientes a combatir la corrupción y hacer más eficiente el trabajo en los juzgados. Sin embargo, desde adentro del PJ se tiene una visión muy diferente, se sostiene que muchas de esas modificaciones solo serían actos simulados o anuncios muy alejados de la realidad, que en nada cambian los vicios y abusos que se cometen en el aparato de administración de justicia.
Una de las polémicas se centra en la suerte que ha tenido Aarón Hernández Chino, quien hasta hace siete semanas se desempeñaba como juez de oralidad penal en el distrito judicial Centro y se destacó por tener en sus manos casos muy sonados y delicados de feminicidios, desapariciones y abuso sexual.
A principios de febrero el área de Comunicación Social del PJ difundió que, por un acuerdo del Consejo de la Judicatura que preside Pedro Antonio Martínez Hernández, se había decidido suspender de sus funciones al juez Aarón Hernández Chino.
Ese anunció se interpretó como el inicio de “una limpia” de jueces y magistrados corruptos o ineficientes. Parecía que se empezaba a sentir “la mano dura” de Pedro Antonio Martínez Hernández, pues se ordenaron 120 cambios de adscripción de funcionarios judiciales para combatir los intereses creados en los juzgados.
En cuanto se supo el supuesto cese de Aarón Hernández Chino se asoció su salida con la polémica que se provocó cuando –en junio de 2023– este personaje, siendo juez en el distrito de Zacatlán, cambió las medidas cautelares que permitieron a Gerardo Espinosa Rubí enfrentar desde su domicilio un juicio de abuso sexual contra un menor de 7 años que habría cometido en su calidad de diácono en la comunidad de Aquixtla.
Según se cuenta en el llamado “radio pasillo” del Poder Judicial que Aarón Hernández no salió del PJ por una medida disciplinaria, sino por un supuesto acto de extorsión en su contra.
Y que renunció mucho antes de que hubiera un resolutivo en su contra por parte del Consejo de la Judicatura.
Lo que se dice es que alguien grabó un video que resultaba ser muy dañino a la vida personal de Hernández Chino.
Que lo habrían amenazado con hacer llegar ese material audiovisual a personas de su círculo más cercano.
Fue entonces que el juez en cuestión habría optado por dimitir de su cargo.
Por lo mismo, no ha tenido el interés de desmentir o defenderse de la versión de que fue cesado por el caso del diácono, a quien finalmente sentenciaron a más de 20 años de cárcel.
Cuentan los enterados que Aarón Hernández Chino tenía manera de defenderse del asunto del religioso, pues el concederle un cambio de medida cautelar era en acatamiento a un amparo que había obtenido la defensa del clérigo.
En realidad, se dice en “el radio pasillo”, que el juez era un personaje “incomodo” para quienes toman decisiones en el Consejo de la Judicatura y por esa razón el togado optó por irse en paz del Poder Judicial, en donde un par de años antes había tenido la oportunidad de ser ascendido a magistrado. Sin que se sepan las causas, este personaje renunció a esa posibilidad y pidió al Congreso local eliminar su nombre en las propuestas que eran analizadas.
Otro asunto polémico en el Poder Judicial es que no hace mucho se anunció que se habían nombrado a cuatro nuevos jueces de enjuiciamiento y se creó un juzgado supernumerario para el distrito de Cholula, en donde se tiene el rezago de más de mil 500 sentencias.
Los que conocen los entretelones del PJ sostienen que esos anuncios son solo “cambios cosmetológicos”.
Se dice que en realidad solo se cambió de adscripción a cuatro jueces, de ser togados de control pasaron a ser de enjuiciamiento.
Por tanto, no sería verdad que se nombraron nuevos jueces. Es decir, no se aumentó ni el personal ni la eficiencia del PJ.
Y tampoco se creó un juzgado supernumerario. El que funcionaba en Atlixco lo trasladaron a San Pedro Cholula.
Es decir, en el PJ se aplica la política de quitar recursos en un lugar para tapar los problemas de otro sitio, sin que se solucionen las carencias que dominan en este poder público.
Exsecretario de Gobernación defenderá a sobrina del exgobernador Astudillo
Un asunto que ha llamado mucho la atención es que, a finales de la semana anterior, fue detenida en Puebla una mujer llamada María Soledad Astudillo Martínez, quien es sobrina del exgobernador de Guerrero Héctor Astudillo Flores.
Se le acusa, junto con sus hermanos Jaime y María del Pilar Astudillo Bello, de presuntamente haber cometido un despojo –de un inmueble valuado en 60 millones de pesos– en contra de una mujer que vive en el puerto de Acapulco, Guerrero, como parte de la disputa de una millonaria sucesión testamentaria.
En los corrillos se asegura que los familiares de María Soledad Astudillo han buscado a un destacado jurista poblano para que intente liberar a esta mujer, pero sobre todo se haga cargo del proceso legal de la sucesión de bienes.
Se estaría echando mano de uno de los abogados más audaces de Puebla, quien fue secretario de Gobernación en la última década del siglo pasado y recientemente cobró notoriedad porque en su domicilio se festejaron los 90 años de vida del exgobernador Manuel Bartlett Díaz.
El asunto de la sucesión testamentaria, en que se ve involucrada María Soledad Astudillo, está radicado juzgado 9 de la familiar en la Ciudad de México y ha tenido una duración de 4 años y 26 días. Fue promovido por Napoleón Jafa Astudillo Alcaraz y corresponde al expediente 151/2022.
La anterior información es relevante porque este asunto podría escalar en contra de la Fiscalía General del Estado de Puebla que, en coordinación con la dependencia similar de Guerrero, organizaron el operativo mediante el cual fue detenida María Soledad Astudillo en territorio poblano.
Aunque en el conflicto legal –se dice— que aparecería involucrada la Notaría Pública 35 de la Angelópolis, que preside Ernesto Zambrano Ramos, no queda claro por qué estaría interviniendo la FGE de Puebla, si el litigio por el cual fue detenida María Soledad Astudillo fue iniciado en el estado de México y sus efectos han ocurrido en Guerrero.
Otro asunto que no queda claro es que, siendo un asunto patrimonial, al parecer fue la Fiscalía de Delitos Sexuales de Puebla la que habría intervenido en la detención de la sobrina del ex mandatario priista de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, quien fue titular del Poder Ejecutivo de esa entidad entre los años 2015 y 2021.
clh