Ciudad de México, México.- El relator especial de la ONU sobre sustancias tóxicas y derechos humanos, Marcos Orellana, advirtió que en México ha crecido la importación de residuos sólidos, incluidos desechos peligrosos, para ser utilizados como combustible barato en procesos industriales, una práctica que, señaló, traslada sus costos reales a la salud de la población y al medio ambiente. Durante una conferencia, afirmó que ese tipo de combustible aparentemente económico termina teniendo un alto costo por la dispersión de contaminantes en el entorno.
El especialista reconoció que el país ha registrado avances en el fortalecimiento de su marco regulatorio ambiental, aunque sostuvo que aún persisten pendientes importantes, como la creación de una ley general sobre sustancias químicas y otra enfocada en plaguicidas altamente peligrosos. También pareció que la quema de residuos representa la fase final de una economía lineal y choca con los principios de la economía circular que se ha buscado impulsar en México.
En materia de contaminación por plásticos, Orellana señaló que el país debe avanzar con medidas de política pública más concretas. Entre ellas, destacó la prohibición de plásticos de un solo uso como una de las mayores oportunidades de acción. Sin embargo, observar que la nueva ley de economía circular no establece esa prohibición y tampoco incorpora de manera suficiente la responsabilidad extendida de los productores.
Tras una visita de diez días por territorio mexicano, el relator informó que fueron identificadas al menos 50 zonas de sacrificio vinculadas al crecimiento industrial que se aceleró desde la década de 1990 con la entrada en vigor de tratados de libre comercio. Explicó que estos espacios requieren atención inmediata, ya que en ellos no solo se compromete el entorno natural, sino también los derechos de las personas que habitan esas regiones.
Entre las áreas visitadas mencionaron la región tolteca de Hidalgo, el río Lerma-Santiago en Jalisco, el Alto Atoyac en Tlaxcala y diversas zonas de Yucatán. Sobre este último estado, alertó por la proliferación de más de 500 granjas porcícolas, algunas de gran escala, cuyo volumen de residuos, junto con el uso de hormonas y antibióticos, estaría generando un fuerte impacto sobre los acuíferos, especialmente por las características del suelo cárstico de la región.
Orellana recorrió Campeche, Hidalgo, Nuevo León, Querétaro, Sonora, Tlaxcala y Yucatán, y además conoció problemas en Coahuila, Jalisco, Morelos, Quintana Roo y San Luis Potosí. Aunque reconoció el papel de México en el ámbito internacional en temas relacionados con sustancias tóxicas y derechos humanos, demostró que persiste una brecha entre ese liderazgo y los desafíos ambientales que enfrenta el país en el plano interno. Añadió que los estudios científicos realizados sobre impactos tóxicos en distintas regiones deben traducirse en políticas públicas orientadas a garantizar los derechos fundamentales de la población.
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Foto: Especial
Djs
