Ciudad de México.- En el marco del T-MEC, la Comisión para la Industria de Vinos y Licores (CIVyL) planteó la necesidad de que México avance hacia un esquema fiscal integral semejante al que ya aplican Estados Unidos y Canadá para la industria de bebidas alcohólicas. La petición surge en un contexto en el que el actual método de cálculo de impuestos representa, según el sector, una limitante para su operación, mientras persiste la preocupación por la presencia del mercado ilegal, del cual podrían provenir alrededor de 42% de las botellas que se venden en el país.
Tras participar en la reunión anual del Distilled Spirits Council (DISCUS), donde se dieron cita asociaciones y productores de bebidas alcohólicas de Norteamérica, la directora de la CIVyL, Panambí Garcés, explicó que uno de los objetivos es acercar a México a las reglas fiscales que rigen en sus socios comerciales de la región.
La representante del organismo expuso que en México continúa vigente un modelo ad valorem para el cobro del impuesto especial a las bebidas alcohólicas, lo que significa que el gravamen se calcula como un porcentaje del valor del producto. En contraste, detalló, en países como Estados Unidos opera desde hace tiempo un sistema ad quantum, que determina el cobro a partir del contenido de alcohol por volumen.
Bajo el modelo mexicano, el monto del impuesto depende del precio declarado de la bebida, situación que puede dar margen a prácticas como la subvaluación, es decir, reportar un valor menor para reducir la carga tributaria. De acuerdo con la industria, el sistema ad quantum permite una fiscalización más sencilla, aporta mayor transparencia a la recaudación y disminuye distorsiones dentro del mercado.
Según cifras de la propia comisión, la industria de bebidas alcohólicas genera en México cerca de 25 mil millones de pesos anuales en impuestos y sostiene más de 155 mil empleos directos e indirectos en toda su cadena productiva, desde el sector agrícola hasta la distribución y comercialización.
Garcés indicó que durante su participación en paneles como Navigating Tariffs and Taxes in a Volatile Trade Landscape y CEO Roundtable on Restoring Fair and Reciprocal Trade se destacó que este esquema no sólo ayudaría a fortalecer la fiscalización, sino también a reducir incentivos para incurrir en prácticas irregulares y a ofrecer mayor certidumbre a la recaudación pública.
La propuesta, añadió, cobra mayor relevancia por el tamaño del mercado informal. Con base en estimaciones del sector, cerca de 42% de las botellas comercializadas en México podrían tener origen en el mercado ilegal.
De manera paralela, la directora de la CIVyL informó que sostuvo encuentros con directivos de Brown-Forman, uno de los principales productores de bourbon, para analizar experiencias internacionales vinculadas con la economía circular y el reciclaje de envases.
Entre los temas revisados figuraron modelos como los sistemas de depósito y retorno de botellas (DRS), así como iniciativas promovidas por la Circular Action Alliance, orientadas a disminuir el impacto ambiental de los envases mediante mecanismos de recuperación y reutilización. También se revisaron desafíos emergentes, entre ellos la regulación del embalaje secundario, como cartón, plásticos y textiles, materiales que en algunos países ya están sujetos a impuestos ambientales específicos, lo que anticipa posibles cambios en los costos de operación del sector.
Garcés subrayó que este tipo de intercambios permite anticiparse a tendencias regulatorias globales antes de que lleguen al mercado mexicano, especialmente en una industria con un alto nivel de integración con Norteamérica.
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