Ciudad de México, México.- La meta de digitalizar el 80% de los trámites en México para 2030 enfrenta un desafío de fondo: la persistente brecha digital en el país, que podría limitar el alcance de esta estrategia y profundizar las diferencias entre entidades y sectores de la población si no se atienden las carencias en conectividad, acceso y capacidades tecnológicas.
La política de digitalización gubernamental plantea una transformación de gran escala en la relación entre las instituciones públicas y la ciudadanía. Herramientas como la CURP biométrica , la Llave MX y la App MX forman parte de esa reestructura, con la promesa de agilizar servicios, reducir intermediaciones y facilitar el acceso a trámites. Sin embargo, este proceso también abre cuestionamientos sobre ciberseguridad , privacidad e inclusión social .
Uno de los principales obstáculos es la desigualdad en el acceso a internet . Los datos más recientes sobre conectividad en los hogares reflejan fuertes contrastes entre estados. Mientras algunas entidades registran niveles altos de penetración, otras mantienen porcentajes considerablemente más bajos, lo que evidencia que el acceso a herramientas digitales sigue siendo desigual y que una migración acelerada hacia trámites en línea podría dejar fuera a una parte importante de la población.
A este rezago territorial se suma otro problema igual de relevante: la falta de alfabetización digital . No basta con tener conexión a Internet o un dispositivo móvil; una parte de la población no cuenta con los conocimientos necesarios para utilizar plataformas digitales de forma efectiva. Esta limitación afecta especialmente a grupos históricamente vulnerables y complica que la digitalización pueda convertirse, por sí sola, en una vía de acceso equitativo a los servicios públicos.
Entre los sectores que enfrentan mayores barreras aparecen los adultos mayores , las personas con discapacidad y quienes hablan alguna lengua indígena , debido a que los sistemas digitales no siempre incorporan suficientes criterios de accesibilidad, acompañamiento o adaptación. En este contexto, la modernización tecnológica corre el riesgo de reproducir formas de exclusión que ya existen en otros ámbitos.
Para que la estrategia tenga resultados amplios, no sólo se requiere ampliar la conectividad, sino también garantizar asequibilidad , capacitación y mecanismos de atención alternos. La coexistencia de canales digitales , telefónicos y presenciales resulta fundamental para evitar que la transición tecnológica se convierta en una barrera para quienes no pueden completar un trámite en línea.
Otro de los puntos sensibles es la concentración de datos biométricos y personales dentro de una estructura centralizada de identidad digital. La implementación de plataformas como la CURP biométrica y la operación de una Plataforma Única de Identidad colocando sobre la mesa riesgos relacionados con el uso de información sensible, la protección de datos y la posibilidad de fallas o usos indebidos dentro del sistema.
La Infraestructura Pública Digital se perfila como la base tecnológica de esta nueva etapa administrativa, al articular sistemas, registros e instrumentos de validación de identidad. En ese modelo, la creación de una identidad digital única busca simplificar trámites y unificar servicios, pero también exige salvaguardas suficientes para impedir abusos, filtraciones o mecanismos de vigilancia excesivos.
Dentro de los objetivos oficiales también se contempla que estas herramientas ayuden a identificar coincidencias en registros administrativos, incluso en casos relacionados con personas desaparecidas . No obstante, la dimensión y sensibilidad de los datos involucrados hacen indispensable que cualquier avance en esta materia esté acompañado por controles claros, protección legal efectiva y que medidas prioricen los derechos de la población.
En ese escenario, el proceso de digitalización en México representa una oportunidad para mejorar la relación entre ciudadanía y gobierno, pero su éxito dependerá de que no se limite a la modernización tecnológica. Sin una estrategia real de inclusión digital , reducción de desigualdades y protección de datos, la promesa de eficiencia podría derivar en nuevas formas de exclusión y vulnerabilidad.
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Foto: Especial
djs
