Washington, Estados Unidos.- Diversas organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron que el gobierno de Donald Trump mantiene bajo detención a mujeres migrantes embarazadas, a pesar de que las propias directrices oficiales desaconsejan esa práctica salvo en circunstancias excepcionales. Además, acusaron a las autoridades de someterlas a malos tratos y de negarles acceso oportuno a servicios médicos básicos.
Los señalamientos también alcanzan a menores migrantes embarazadas, quienes, según activistas, están siendo trasladadas a Texas, estado donde el aborto permanece prohibido en la mayoría de los casos. Parte de estos adolescentes, afirmaron, habrían quedado embarazadas como consecuencia de agresiones sexuales ocurridas en albergues.
Las denuncias surgen en medio de un incremento sin precedentes en la población migrante detenida en Estados Unidos. De acuerdo con cifras del centro TRAC de la Universidad de Syracuse, durante febrero había casi 70 mil personas retenidas en este tipo de instalaciones.
Jesús González, trabajador social de Florence Immigrant and Refugee Rights Project, en Arizona, aseguró durante una llamada con reporteros que las mujeres embarazadas recluidas en el centro de detención Eloy, en las afueras de Tucson, no reciben la atención médica que requieren. Como ejemplo, expuso el caso de Esther, una migrante originaria de África central que quedó embarazada después de haber sido violada tras un secuestro mientras guardaba en México una cita para solicitar asilo en territorio estadounidense.
Según el testimonio referido por González, una vez bajo custodia migratoria en Estados Unidos, la mujer no recibió ningún cuidado médico, salvo la entrega de vitaminas prenatales.
En la misma línea, Lupe Rodríguez, directora ejecutiva del National Latina Institute for Reproductive Justice, relató que a comienzos de este año su organización recibió la denuncia de una migrante detenida con un embarazo de alto riesgo que, durante cuatro meses, no obtuvo atención médica adecuada y fue obligada a dormir en el suelo ya pasar hambre.
Las propias normas del Servicio de Inmigración y Aduanas establecen que no se debe detener ni arrestar a personas embarazadas, en posparto o en etapa de lactancia, excepto en situaciones extraordinarias. No obstante, los datos entregados por el Departamento de Seguridad Nacional a la senadora Patty Murray indican que entre enero de 2025 y febrero de este año fueron detenidas 498 personas en esas condiciones en centros migratorios.
Las organizaciones también advirtieron sobre una práctica orientada, según dijeron, a obstaculizar el acceso al aborto. Yvonne Rodríguez, directora de Libertad Reproductiva para Todos, retomó un reporte de The Texas Newsroom según el cual el gobierno trasladó a más de una docena de menores migrantes embarazadas a un albergue en el sur de Texas, donde la interrupción del embarazo está prohibida. De acuerdo con esa publicación, la mitad de las adolescentes había quedado embarazada tras sufrir abusos sexuales.
Brigitte Amiri, abogada de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, sostuvo que esta política marca una diferencia respecto de la administración anterior, que en cumplimiento de una orden judicial procuraba ubicar a las menores embarazadas en refugios situados en lugares donde el aborto fuera legal.
Durante la misma llamada con medios, Amiri afirmó que los jóvenes que llegan a Estados Unidos en busca de protección deben recibir un trato digno y respetuoso, y demostró que la administración actual no debería convertir su atención médica en un asunto político.
Descubre todo sobre noticias Puebla y de todo México visitando nuestra página principal.
Foto: Especial
Djs
