Madrid, España.- El Gobierno de España puso en marcha el proceso para conceder permiso de residencia a cientos de millas de migrantes que ya viven y trabajan en el país sin una situación administrativa regular. La medida se aplicará a través de un Real Decreto que modifica el Reglamento de Extranjería e incorpora nuevas vías de regularización mediante figuras de arraigo.
De acuerdo con lo anunciado, las personas dispuestas podrán iniciar su solicitud desde el 16 de abril por vía telemática, mientras que ese mismo día también podrán pedir cita para realizar el trámite presencial, que comenzará el 20 de abril . El plazo para presentar expedientes permanecerá abierto hasta el 30 de junio . El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , defendió la decisión durante su visita oficial a Beijing y afirmó que se trata de reconocer derechos a personas que ya forman parte del país y contribuyen a su desarrollo económico y social.
La iniciativa ha sido promovida por organizaciones sociales y también ha recibido respaldo de la Iglesia católica y de la patronal, que insisten en la falta de trabajadores en distintos sectores. Asimismo, cuenta con el apoyo de la mayoría de las fuerzas políticas, salvo Vox y el Partido Popular (PP) , que ahora rechaza la medida pese a haber respaldado anteriormente su discusión.
Para acceder a la regularización , los solicitantes deberán acreditar que ya se encontraron en España antes del 1 de enero , además de comprobar al menos cinco meses de residencia continuada. También deberán carecer de antecedentes penales y no representar una amenaza para la seguridad pública. El Ejecutivo preparó un despliegue especial para atender el volumen de solicitudes, con apoyo de oficinas de la Seguridad Social y de Correos en todo el país, además de la colaboración técnica de Tragsa y Tragsatec en la gestión documental.
El Gobierno prevé resolver los expedientes en un plazo máximo de tres meses, aunque el calendario podría verse alterado por la huelga indefinida anunciada por trabajadores de Extranjería a partir del 21 de abril . A esto se suman las críticas de los sindicatos policiales, que consideran que el procedimiento fue diseñado sin suficiente participación de los cuerpos de seguridad y advierten sobre posibles riesgos de fraude o fallas en la verificación de identidad.
La reforma contempla dos nuevas figuras de arraigo. Una de ellas estará dirigida a solicitantes de protección internacional cuya petición siga sin resolverse. La otra corresponde al arraigo extraordinario , mecanismo que permitirá regularizar a personas que ya residían en territorio español antes del 1 de enero y que cumplan con los requisitos establecidos. Entre las novedades destaca que, una vez iniciado el trámite, los solicitantes podrán trabajar de forma provisional mientras se resuelve su situación. También se prevén medidas específicas para menores, personas vulnerables y pacientes con enfermedades graves.
El Ejecutivo sostiene que esta medida ayudará a reducir la economía sumergida, fortalecer la recaudación fiscal y reforzar la Seguridad Social . En su argumentación, el Gobierno vincula la decisión con el envejecimiento de la población y con la necesidad de incorporar trabajadores para sostener tanto el sistema de pensiones como diversos servicios públicos. Según la postura oficial, España necesitará un flujo constante de población migrante durante las próximas décadas para mantener el llamado Estado del bienestar.
Muchos de los migrantes que podrían beneficiarse de este proceso ya desempeñan labores en áreas con alta demanda de personal, como la agricultura, los cuidados y la hostelería. En una carta a la ciudadanía, Pedro Sánchez presentó la medida como un acto de normalización y justicia, al considerar que reconoce una realidad ya instalada en la vida cotidiana del país. También apeló a la historia migratoria española, al recordar a quienes emigraron en el pasado hacia Europa y América en busca de oportunidades.
La oposición, sin embargo, ha elevado el tono de sus críticas. El PP calificó la iniciativa como inhumana e injusta, mientras que su líder, Alberto Núñez Feijóo , aseguró que el proceso favorece a las mafias y no cuenta con controles suficientes. Por su parte, Vox anunció una campaña contra la inmigración masiva y adelantó que impugnará la norma ante el Tribunal Supremo para pedir su suspensión cautelar. Ambas fuerzas también cuestionaron que la medida haya sido aprobada mediante Real Decreto y no por la vía parlamentaria.
Frente a esos cuestionamientos, el Gobierno respondió que la regularización cuenta con respaldo jurídico y con el aval del Consejo de Estado . Además, negó que pueda generar un efecto llamada, al subrayar que solo beneficiará a personas que ya residían en España antes del anuncio. Para el Ejecutivo, esta decisión permitirá dar reconocimiento administrativo a millas de personas que ya forman parte activa del país y consolidará su integración formal en la sociedad.
Con este proceso, España se encamina a poner en marcha una de las mayores regularizaciones migratorias de su etapa democrática reciente, con la intención de incorporar legalmente a cientos de millas de personas que ya trabajan, residen y participan en la vida social del país.
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Foto: Especial
Djs
