En un nuevo intento por cerrar las brechas legales entre estados, el Senado de la República dio luz verde a una reforma constitucional que busca establecer una base jurídica única para atender el delito de feminicidio en todo el país, con la intención de evitar diferencias en su investigación, tipificación y sanción.
La reforma fue aprobada por unanimidad con 109 votos a favor y modifica el artículo 73 de la Constitución, otorgando al Congreso de la Unión la facultad de expedir una ley general en materia de feminicidio. Con ello, se pretende construir un marco homogéneo que obligue a todas las entidades federativas a seguir los mismos criterios.
Durante la discusión en el pleno, se señaló que actualmente la atención de este delito depende en gran medida del estado donde ocurra, lo que ha derivado en respuestas institucionales desiguales y sanciones que varían significativamente entre regiones.
Legisladores de distintas bancadas coincidieron en que esta falta de uniformidad ha complicado el acceso a la justicia para las víctimas. La senadora de Morena, Martha Lucía Micher, afirmó que la reforma representa un cambio estructural para garantizar que el feminicidio se investigue bajo los mismos parámetros en todo el país. En tanto, el senador Óscar Cantón sostuvo que no puede existir una justicia condicionada por la ubicación geográfica de los hechos.
El debate también incluyó referencias a cifras de violencia de género. La senadora Alejandra Barrales mencionó que en la última década se han registrado miles de feminicidios en México, mientras que legisladoras del PRI advirtieron sobre inconsistencias en los registros oficiales, lo que dificulta dimensionar con precisión la magnitud del problema.
Aunque la propuesta contó con respaldo unánime, integrantes del PAN subrayaron que la reforma deberá ir acompañada de recursos suficientes para su implementación. En este sentido, advirtieron que sin presupuesto adecuado para fiscalías y áreas de investigación, la nueva legislación podría quedar limitada en la práctica.
Actualmente, las penas por feminicidio varían entre entidades federativas: en algunos casos alcanzan hasta 70 años de prisión, mientras que en otros son considerablemente menores, lo que evidencia la disparidad que la reforma busca corregir.
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