El debate sobre las condiciones de seguridad en las zonas arqueológicas del país volvió a encenderse tras el ataque armado registrado en Teotihuacán, un hecho que dejó a una turista extranjera sin vida y a más de una decena de personas lesionadas. A partir de este suceso, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el Sindicato Nacional de Restauradores del INAH han expuesto posturas encontradas sobre el estado real de los recursos destinados a la protección del patrimonio cultural.
En un comunicado reciente, el INAH rechazó que exista un recorte presupuestal en materia de vigilancia para 2026. De acuerdo con la institución, el monto asignado a este rubro pasó de 188.7 millones de pesos originalmente previstos a 296.7 millones, lo que representaría un incremento respecto al año anterior. Con estos datos, el organismo busca desmentir las críticas del sindicato, que atribuye el incidente a un deterioro acumulado en las condiciones de operación.
El posicionamiento oficial también incluye una serie de medidas implementadas tras lo ocurrido. Desde el 22 de abril, se reforzaron los protocolos de seguridad con la participación de personal especializado del propio instituto, así como de la Guardia Nacional y autoridades de los tres órdenes de gobierno. Además, se anunció una inversión cercana a los 30 millones de pesos para mejorar la infraestructura del sitio, incluyendo la instalación de arcos detectores en accesos, así como ajustes en la operación y atención a visitantes.
Sin embargo, el sindicato sostiene una versión distinta. En su pronunciamiento, señala que la problemática no puede entenderse únicamente a partir de cifras recientes, sino como resultado de una reducción sostenida de recursos a lo largo del tiempo. Entre los efectos que describe se encuentran la disminución de personal de custodia, equipos de revisión fuera de servicio y carencias en áreas de mantenimiento y conservación.
También advierte que la seguridad no debe limitarse a la presencia de dispositivos o despliegues policiacos, sino que requiere una estrategia integral que considere las condiciones laborales, la capacitación del personal y la operación cotidiana de los espacios culturales. Según el gremio, muchos sitios funcionan actualmente con menos trabajadores y herramientas, lo que complica su resguardo.
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