En Puebla, el sector empresarial ha encendido las alertas por un repunte en los intentos de extorsión telefónica, que de acuerdo con organizaciones del ramo han aumentado de forma constante en los últimos meses y ya están impactando directamente en la operación de negocios locales.
El Consejo de Organismos Empresariales (COE) reportó que las llamadas de este tipo crecieron alrededor de 20% entre enero y abril de este año, con un promedio cercano a 10 casos por semana entre sus agremiados. El organismo agrupa a más de 1,500 socios en distintos sectores productivos de la región.
Su presidente, César Bonilla Yunes, señaló que la situación ya no se trata de casos aislados, sino de un patrón recurrente en el que los delincuentes buscan presionar a empresarios mediante información personal y familiar. En varios casos, advirtió, algunas víctimas han llegado a realizar depósitos económicos por temor a represalias.
Uno de los puntos que más preocupa al sector es el nivel de precisión con el que operan los extorsionadores. Según el COE, las llamadas ya no son genéricas, sino que incluyen datos sobre actividades comerciales, nombres de familiares e incluso rutinas, lo que incrementa la sensación de riesgo entre los afectados.
El organismo empresarial también señaló que la mayoría de las víctimas son comerciantes, particularmente aquellos que operan en mercados o negocios de contacto directo con el público. Además, se ha detectado que las llamadas provienen tanto de otros estados como de centros penitenciarios, lo que complica su rastreo y atención inmediata.
Bonilla Yunes criticó el tiempo de respuesta institucional ante las denuncias, al señalar que en algunos casos la atención puede tardar semanas, lo que desincentiva la denuncia formal. Esta situación, afirmó, termina por fortalecer la impunidad y deja a los afectados en una posición de mayor vulnerabilidad.
Otro aspecto señalado es el posible uso de bases de datos obtenidas de forma irregular. De acuerdo con el COE, la información utilizada por los delincuentes podría provenir de filtraciones o accesos indebidos a registros en instituciones financieras o empresas de telecomunicaciones, lo que abre un problema adicional de protección de datos personales.
Ante este panorama, el sector empresarial hizo un llamado a las autoridades estatales para reforzar las estrategias contra la extorsión y mejorar los mecanismos de respuesta. El objetivo, señalaron, no solo es frenar el delito, sino también enviar señales de confianza que permitan mantener la inversión y la generación de empleos en la entidad.
El COE advirtió que este tipo de delitos no debe minimizarse, ya que su impacto no se limita a pérdidas económicas, sino que también genera incertidumbre entre los comerciantes y puede afectar la continuidad de pequeños y medianos negocios.
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