En México, el mercado del gas LP vuelve a colocarse bajo la lupa de las autoridades de competencia, luego de que se diera a conocer una acción legal de gran alcance contra decenas de empresas distribuidoras señaladas por posibles prácticas que habrían distorsionado el precio de uno de los combustibles más usados en los hogares.
La Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) presentó una demanda colectiva contra 53 compañías del sector gasero, a las que acusa de haber operado durante más de diez años bajo un esquema de coordinación para fijar precios y dividirse mercados regionales, afectando directamente a los consumidores.
Entre las empresas involucradas se encuentran firmas relacionadas con Grupo Soni, Grupo Simsa, Grupo Nieto, Grupo Tomza, Global Gas y Gas Metropolitano. De acuerdo con el regulador, las presuntas conductas habrían tenido impacto en zonas de la Ciudad de México, el Estado de México, así como en regiones de Colima, Tamaulipas y Sinaloa.
Según la CNA, el análisis del caso indica que estas prácticas habrían generado un daño económico superior a 13 mil millones de pesos, derivado del cobro de precios por encima de los niveles que habrían existido en un entorno de competencia.
El organismo explicó que la demanda no solo busca sanciones, sino también la reparación directa del daño a los consumidores, lo que implicaría la implementación de descuentos en el precio del gas LP en las zonas afectadas. Esta medida tendría como objetivo compensar parcialmente el impacto en la economía de las familias.
El gas LP es considerado un insumo básico en la vida diaria del país. De acuerdo con datos de consumo energético en hogares, aproximadamente ocho de cada diez viviendas en México dependen de este combustible para actividades como la preparación de alimentos, lo que lo convierte en un producto altamente sensible a variaciones de precio.
En este contexto, la autoridad antimonopolio advirtió que cualquier alteración artificial en su costo tiene efectos inmediatos en el gasto cotidiano de millones de personas, especialmente en hogares de ingresos medios y bajos, donde los energéticos representan una parte importante del presupuesto familiar.
La CNA también puntualizó que esta acción legal es independiente de las sanciones administrativas que puedan derivarse del proceso de investigación. Es decir, las posibles multas económicas no sustituyen las obligaciones de compensación que podrían imponerse a las empresas si se comprueban las conductas señaladas.
El procedimiento se suma a otros casos en los que autoridades de competencia han intervenido en sectores estratégicos con alta concentración de mercado, donde la falta de competencia efectiva puede traducirse en precios elevados de productos esenciales.
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