¿Realmente es una prioridad de los gobiernos el rescatar el Atoyac? En los discursos si se tiene esa intención, pero en la realidad no se percibe que se tenga la voluntad de hacerlo. Una prueba es la siguiente: desde hace dos años y un mes, formalmente se denunció la proliferación de asentamientos irregulares en la colonia Agrícola Ignacio Zaragoza que están arrojando sus aguas residuales directamente a este río y que, además en el área apareció un tiradero clandestino de cascajo y otros desechos. Desde esa fecha y hasta ahora, ni la administración estatal ni federal han avanzado un ápice para frenar ese grave problema de contaminación.
El asunto es verdaderamente kafkiano, pues a lo largo de los últimos 25 meses la única respuesta a la denuncia por contaminación han sido una interminable lista de trámites y más trámites, junto con una discusión que no va a ningún lado, para determinar a quién le corresponde intervenir, si a la Secretaría del Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (SMADSOT) , que depende del gobierno estatal, o a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que forma parte del gobierno federal.
Una discusión que raya en el absurdo, pues en dos años no se han puesto de acuerdo las dependencias oficiales para determinar si donde está el tiradero es “una barranca” o una “derivación artificial”.
Lo más disparatado de este asunto es que dos direcciones de la Conagua, la de Inspecciones y la Técnica, llevan meses peleándose entre sus representantes para decidir a quien le corresponde determinar si le toca o no le toca a la Comisión Nacional del Agua inmiscuirse en este caso.
Ahí no termina todo. Hace 10 meses se presentó una denuncia por delitos contra el medio ambiente ante la Fiscalía General de la República (FGR), bajo el expediente FED/PUE/PBL/0001791/2025, en donde la Fundación Julita y Antonio documentó la contaminación directa al río Atoyac y del tiradero clandestino.
Luego de que en dos ocasiones el Ministerio Público federal exigió a la parte denunciante la entrega de pruebas, de datos técnicos y testimonios de la contaminación que ocurre en el norte del municipio de Puebla, finalmente se hizo una inspección al área afectada.
Ese recorrido se realizó hace 8 meses y es la fecha, que la FGR no puede ofrecer un resultado de que encontró en el lugar.
Mientras todas esas dependencias, la SMADSOT, la Conagua y la FGR se la pasan resolviendo un mundo de trámites, todos los días miles de litros de agua residuales se arrojan impunemente al río Atoyac y docenas de camiones de carga, depositan desechos al tiradero clandestino de la colonia Agrícola Ignacio Zaragoza.
En Conagua no se ponen de acuerdo
Hace más de 3 años, en la colonia Agrícola Ignacio Zaragoza un grupo armado encabezó una invasión de 8 hectáreas que son propiedad de la Fundación Julita y Antonio.
Los autores del despojo se han dedicado a fraccionar y vender ilegalmente los terrenos invadidos, lo cuales carecen de todos los servicios público.
Eso ha llevado a que quienes han comprado lotes y construyeron asentamientos irregulares, se vieran en la necesidad de abrir un canal improvisado para arrojar al río Atoyac sus descargas residuales, toda vez que en el área no hay redes de drenaje.
Meses más tarde, en el área empezó a operar un tiradero clandestino en donde se cobra 800 pesos por cada camión que se le permite arrojar su carga de cascajo. Al mismo tiempo, la zona es utilizada por mucha gente para depositar todo tipo de desechos.
Ante este problema de contaminación, el 19 de marzo de 2024, la Fundación Julita y Antonio presentó ante la SMADSOT una primera denuncia por la contaminación en los terrenos invadidos. Semanas más tarde, esta dependencia –que pertenece al gobierno del estado– respondió que no era de su competencia intervenir.
Una contestación que sorprende a propios y extraños, pues cualquier ciudadano supone que una oficina pública que dice ser del ramo del “Medio Ambiente” tendría que hacerse cargo de los problemas de contaminación.
La fundación insistió y presentó una segunda denuncia ante la Secretaría del Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, el 2 de enero de este año, para que 13 días después la dependencia respondiera que el tiradero, por ubicarse en “un cauce natural que está asociado a un escurrimiento de agua”, le toca resolver a Conagua el sancionar a los responsables de ese basurero a cielo abierto.
En la dirección de Conagua en el estado la fundación presentó una nueva denuncia, misma que se fundamentaba en los señalamientos de la SMADSOT de que a esta segunda instancia de gobierno no le toca intervenir.
La primera respuesta que surgió en Conagua resultó decepcionante y sorprendente, ya que hubo una resolución en la cual se establecía que donde está el basurero no es “una barranca”, sino una “derivación artificial” que seguramente se estableció cuando en los siglos 19 y 20 funcionó una importante fábrica textil.
El representante de la Fundación Julita y Antonio de inmediato objeto esa respuesta, al señalar que era insostenible que se llegara a esa conclusión sin que Conagua hubiera realizado una inspección física al lugar del conflicto.
Un ingeniero llamado Guadalupe Téllez, que es del área de Inspección de Conagua, admitió que no habían acudido al área afectada por basurero.
Posteriormente le dijo al representante de la fundación que, para lograr la visita ocular al sitio contaminado, era necesario que lo autorizara el área Técnica de la Comisión Nacional del Agua.
El enviado fue entonces a la Dirección Técnica, en donde lo atendió un ingeniero llamado Alejandro Herman, quien de inmediato replicó: que si no había primero una inspección a los terrenos afectados, no se podía establecer un dictamen del caso.
La situación llegó a un hecho muy peculiar, días más tarde, al apoderado de la fundación le tocó atestiguar una llamada telefónica entre los ingenieros Guadalupe Téllez y Alejandro Herman, en la que discutían acaloradamente de qué era primero, si la inspección física o el dictamen técnico.
Todo ese embrollo es para determinar si le toca a Conagua intervenir.
No cabe duda de que por eso los ríos en Puebla se contaminan impunemente, gracias a la ineficacia y corrupción de las dependencias encargadas de proteger el medio ambiente.
clh