Para mejorar la respuesta institucional del Estado desde el primer contacto con las víctimas, la diputada Celia Bonaga Ruiz presentó una iniciativa para que las instituciones de seguridad pública del Estado y de los municipios cuenten con unidades especializadas para la prevención, detección, atención y canalización de casos relacionados con hechos posiblemente constitutivos de delito en agravio de niñas, niños y adolescentes.
La propuesta para adicionar el artículo 45 Bis a la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla, precisa que las unidades deberán actuar conforme a los principios de legalidad, interés superior de la niñez, debida diligencia reforzada, perspectiva de derechos humanos y no revictimización, y deberán contar con personal debidamente capacitado, así como con protocolos de actuación especializados que garanticen una intervención adecuada, sensible y diferenciada.
Las autoridades competentes promoverán la coordinación de estas unidades con las instancias encargadas de la procuración de justicia, protección de derechos y asistencia social, a efecto de brindar una atención integral.
En sesión de la Comisión Permanente la diputada también presentó una iniciativa mediante la cual se adicionan diversas disposiciones a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Puebla, con la finalidad de crear la Fiscalía Especializada en Investigación de delitos cometidos contra niñas, niños y adolescentes.
La cual tendrá por objeto investigar, perseguir y combatir los delitos en los que las víctimas sean niñas, niños y adolescentes, particularmente en materia de delitos sexuales, violencia familiar, desaparición, trata de personas y delitos digitales o cibernéticos, así como aquellos que por su naturaleza requieran atención especializada.
Asimismo, Celia Bonaga presentó una iniciativa mediante la cual se adicionan la fracción XII al artículo 13 y el artículo 14 Ter a la Ley de Educación del Estado de Puebla, a fin de garantizar, en todas las decisiones y actuaciones del sistema educativo estatal, el principio del interés superior de la niñez, asegurando que los servicios educativos se presten en entornos seguros, libres de violencia, discriminación y cualquier forma de abuso.
