Ciudad de México.— Durante 2025, al menos 15 mil 172 niñas, niños y adolescentes migrantes ingresaron a México, de acuerdo con datos de la Unidad de Política Migratoria del gobierno federal. De ese total, 970 viajaron en compañía de adultos, una condición que incrementa los riesgos durante su tránsito por el país.
La mayoría de estos menores tiene como destino Estados Unidos, país al que buscan llegar tras salir de sus lugares de origen, generalmente por decisión de sus padres o familiares, con la expectativa de acceder a mejores condiciones de vida. Sin embargo, el desplazamiento los exponen a escenarios de discriminación, exclusión, explotación, trata de personas y violencia sexual.
A estos peligros se suma el endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas por el gobierno de Donald Trump, que ha derivado en mayores riesgos para esta población, entre ellos detenciones arbitrarias, falta de aplicación de protocolos y tratados internacionales de protección, así como la posible negación del derecho de asilo, lo que deja en situación de vulnerabilidad sus derechos humanos.
Frente a este contexto, la Red por los Derechos de la Infancia en México presentó el “Informe comparativo sobre los sistemas nacionales de protección para infantes y adolescentes en contextos de movilidad humana en México, Guatemala, Honduras y El Salvador”. El documento, elaborado en el marco del proyecto regional REDES, subraya la necesidad de fortalecer los mecanismos capaces de prevenir riesgos, brindar acompañamiento y garantizar protección efectiva a niñas, niños y adolescentes migrantes.
Entre los aspectos favorables identificados, el informe señala que México, Guatemala, Honduras y El Salvador se encuentran alineados desde 1990 con la Convención sobre los Derechos del Niño, lo que ha permitido desarrollar políticas, rutas y protocolos dirigidos a atender a infancias y adolescencias en situación de movilidad humana.
En el caso mexicano, el reporte menciona la existencia del Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 2025-2030, así como la Ruta de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Migración. No obstante, advierte que la existencia de estos instrumentos debe acompañarse de instituciones con capacidad real para aplicarlos.
El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a través de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, figura como una de las autoridades centrales en esta materia. También intervienen el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, el Instituto Nacional de Migración, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Pese a este entramado institucional, el informe detecta debilidades relevantes. Una de ellas es que la participación de niñas, niños y adolescentes dentro de estos procesos sigue siendo limitada y ocasional. Además, aunque las dependencias están obligadas a evaluar las políticas públicas, no existe certeza de que los mecanismos de monitoreo funcionen de manera efectiva ni de que tomen en cuenta la opinión de los propios menores al definir de protección.
El documento también advierte deficiencias en la evaluación de los planos de restitución de derechos y en el uso del financiamiento. Según el análisis, los recursos se concentran principalmente en aspectos operativos, en lugar de destinarse a programas orientados a garantizar una protección integral para la niñez migrante.
Otro punto señalado es la forma en que se recopila la información sobre esta población. La mayor parte de los registros se enfoca en la gestión fronteriza y la seguridad nacional, sin incorporar de manera suficiente datos sobre la situación familiar, condiciones de salud u otras necesidades específicas de niñas, niños y adolescentes. Esta falta de información limita el diseño de políticas públicas adecuadas.
Como parte de sus recomendaciones, el proyecto regional REDES y la Redim plantean fortalecer el liderazgo del Sipinna, mejorar la coordinación con los países de origen, garantizar la estabilidad institucional y reforzar los mecanismos de identificación de perfiles de menores en movilidad. También propone convocar a una reunión nacional del Sipinna durante este año, asignar presupuestos específicos para cumplir la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, dar seguimiento integral a los planos de restitución de derechos y promover datos desagregados e interoperables entre los sistemas de información.
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Foto: Especial
Djs
