Estados Unidos.— La defensa de Naasón Joaquín García, líder de la Iglesia de La Luz del Mundo, rechazó que la institución religiosa pueda ser considerada una empresa criminal creada para que sus dirigentes cometieran delitos sexuales.
Los abogados del dirigente religioso argumentaron que la iglesia ha recibido un trato desigual e ilegal por parte de los fiscales. Según su postura, bajo ese mismo criterio también tendría que juzgarse a toda la Iglesia Católica como una organización criminal debido a las numerosas acusaciones de abuso que han surgido en su contra.
En sus argumentos, la defensa sostuvo que el gobierno no puede afirmar que el propósito de toda la iglesia haya sido facilitar las parejas sexuales para Naasón García, su padre y su abuelo. Comparó esa acusación con señalar a la Iglesia Católica como una conspiración criminal de dos mil años destinada a procurar víctimas de abuso sexual entre monaguillos.
Los abogados también acusaron a los fiscales de excederse al descalificar prácticas que, de acuerdo con la comunidad de La Luz del Mundo, son aceptadas como espiritualmente válidas. Desde su perspectiva, no existe jurisprudencia que se convierta en delito un acto sexual entre adultos únicamente porque una de las partes haya aceptado al considerar que ello agradaba a Dios o mejoraba su destino espiritual.
La defensa no niega que hayan ocurrido encuentros sexuales. Su argumento es que esos actos se habrían dado, presuntamente, dentro de los parámetros y creencias religiosas de la iglesia. Para respaldar esa línea, solicitó acceso a testimonios en los que, según afirma, mujeres adultas habrían aceptado participar en esos encuentros al creer que era una forma de estar más cerca de Dios.
Con esa estrategia, los abogados buscan sostener que los encuentros no respondieron a un mecanismo ilegal de coacción o coerción espiritual atribuido a Naasón Joaquín, sino a prácticas basadas en una fe compartida por personas adultas.
De esta manera, la defensa intenta orientar el caso hacia una discusión sobre los límites constitucionales y el alcance que puede tener el Estado al intervenir en prácticas religiosas, más que presentarlo únicamente como una serie de delitos sexuales.
Una vez que estos planteamientos sean formalmente expuestos, los fiscales podrán presentar sus argumentos en contra. En caso de considerarlo necesario, la jueza Loretta Preska convocará a las partes a una audiencia antes de emitir una resolución.
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Foto: Especial
Djs
