El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y el Gobierno del Estado de Puebla formalizaron la firma del Convenio de Coordinación para el ejercicio fiscal 2026, mediante el cual se asignan recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).
El acuerdo establece un presupuesto conjunto de 408 millones 357 mil 725 pesos destinados a fortalecer las estrategias de combate a la criminalidad y los programas de prioridad nacional en el territorio poblano.
De acuerdo con el documento publicado, la Federación transferirá a la entidad la cantidad de 326 millones 686 mil 180 pesos, mientras que la administración estatal se comprometió a realizar una aportación complementaria de 81 millones 671 mil 545 pesos.
Esta estructura financiera responde a los criterios de distribución publicados en el Diario Oficial de la Federación el pasado 27 de diciembre, los cuales obligan a las entidades federativas a coparticipar con recursos propios para el cumplimiento de las metas de seguridad.
El convenio estipula que los fondos deberán aplicarse estrictamente a programas con prioridad nacional, tales como el equipamiento de corporaciones, capacitación de personal, infraestructura tecnológica y sistemas de evaluación de confianza.
Para la administración de estos recursos, el Gobierno de Puebla debe habilitar dos cuentas bancarias productivas específicas que permitan la fiscalización y el rastreo de rendimientos financieros por parte de las autoridades hacendarias y de control federal.
Entre las obligaciones señaladas en las cláusulas, la entidad federativa debe reportar de forma mensual y trimestral los avances físicos y financieros ante el Secretariado Ejecutivo, adjuntando estados de cuenta y documentación comprobatoria.
El incumplimiento en la aplicación de los recursos o la omisión en la entrega de reportes faculta a la Federación para realizar el seguimiento correspondiente e incluso solicitar el reintegro de montos no devengados al concluir el ejercicio fiscal.
Un punto restrictivo del acuerdo prohíbe explícitamente a las instituciones policiales estatales y municipales, así como a las empresas de seguridad privada, el uso de uniformes o vehículos con colores y diseños similares a los de las Fuerzas Armadas Nacionales, para evitar confusiones visuales en operativos conjuntos.
Asimismo, se contempla la posibilidad de que organizaciones de la sociedad civil participen en esquemas de vigilancia para fortalecer la rendición de cuentas sobre el destino de los recursos aportados por la ciudadanía a través del erario federal y estatal.
La vigencia de este instrumento jurídico concluirá el 31 de diciembre de 2026, periodo en el cual el Gobierno de Puebla deberá comprometer y devengar la totalidad de los recursos recibidos para evitar subejercicios.
Foto: Especial
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