Con la cuenta regresiva hacia junio de 2026, cuando dará inicio la Copa del Mundo de la FIFA, la organización del torneo en Estados Unidos, México y Canadá continúa afinando detalles logísticos, de seguridad y movilidad. En medio de ese proceso, uno de los temas que había generado mayor incertidumbre —la posible presencia de autoridades migratorias en las sedes estadounidenses— comenzó a matizarse tras recientes declaraciones de integrantes del comité organizador.
El copresidente del comité anfitrión en Miami, Rodney Barreto, afirmó que sostuvo conversaciones directas con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, para abordar una de las principales preocupaciones expresadas por aficionados internacionales: la actuación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE, durante el desarrollo del torneo.
De acuerdo con Barreto, las autoridades federales habrían dejado claro que no se contempla la presencia de agentes migratorios realizando detenciones dentro de los estadios ni en zonas inmediatas a los partidos. El directivo aseguró que el objetivo es evitar que un evento deportivo de carácter global se vea asociado con operativos de control migratorio en espacios de alta concentración de visitantes.
Las declaraciones buscan responder a inquietudes que han circulado entre comunidades migrantes y aficionados extranjeros, especialmente ante el clima político actual en Estados Unidos. La preocupación principal gira en torno a la posibilidad de que el evento pudiera coincidir con acciones de aplicación de leyes migratorias en espacios públicos altamente concurridos.
Sin embargo, la postura de las autoridades migratorias no ha sido completamente excluyente. El director interino de ICE, Todd Lyons, ha señalado que las operaciones habituales de la agencia continuarán durante el Mundial, argumentando que forman parte de las tareas de seguridad nacional. Incluso indicó que áreas especializadas participarán en la coordinación de protección en torno a sedes y eventos, lo que ha generado interpretaciones distintas sobre el alcance real de su intervención.
Este contraste de mensajes ocurre en un contexto político sensible en Estados Unidos, marcado por el endurecimiento del discurso migratorio en los últimos años bajo la administración del presidente Donald Trump. Dicho entorno ha influido en la percepción de algunos sectores turísticos y en la planeación de viajes internacionales hacia el torneo.
En paralelo, el gobierno estadounidense ha destinado alrededor de 625 millones de dólares para reforzar los esquemas de seguridad en las 11 ciudades sede que albergarán partidos del Mundial. Estos recursos se enfocarán en infraestructura, coordinación interinstitucional y sistemas de vigilancia para atender el flujo masivo de visitantes que se espera durante el evento.
Otro punto clave en la organización es el tema migratorio-administrativo. Autoridades del comité han señalado que se trabaja en agilizar los procesos de visas y documentación para jugadores, personal técnico y aficionados. No obstante, persisten dudas debido a restricciones de ingreso que afectan a algunas selecciones clasificadas, así como a posibles requisitos económicos adicionales para ciertos visitantes internacionales.
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