Si resulta agobiante que “el cobro de piso” sea parte de una realidad cotidiana de varios de los mercados de Puebla, más angustiante es que la extorsión ya está alcanzando a las zonas más pobres, las más vulnerables, de la capital del estado. En donde se exigen cantidades de dinero diarias o semanales a cambio de que a familias de labriegos se les permita recolectar madera o sacar a pastorear su ganado.
Y más oprobioso resulta que atrás de los extorsionadores estén coludidos agentes policiacos.
Desde hace varias semanas, en el área colindante entre los municipios de Puebla y Santa Clara Ocoyucan, que es hacia donde se está orientando gran parte del crecimiento inmobiliario, se ha detectado a un grupo de unas 10 personas que se dedican “a peinar” la zona con un solo objetivo: cobrar cuotas que van de los 50 y hasta los 500 pesos a los campesinos dedicados, en su mayoría, al pastoreo de ganado y sembrar pequeñas extensiones de tierra.
A los que recolectan madera, que se usa fundamentalmente para cocinar, les están exigiendo 50 pesos. Si no pagan, les advierten que podrían ser objeto de una agresión.
Mientras que aquellos que tienen ganado les piden 500 pesos, a cambio de no robarles algunos de sus burros, borregos o vacas.
Tal extorsión ocurre en las pequeñas rancherías, colonias y asentamientos irregulares que hay en torno a la junta auxiliar de San Andrés Azumiatla y la cabecera de Santa Clara Ocoyucan, que se ubican al sur de la capital.
Lo que pasa en esta parte olvidada de los municipios de Puebla y Santa Clara Ocoyucan es un reflejo de como la extorsión se ha convertido en “un cáncer” que alcanza cualquier parte de la sociedad, desde las zonas residenciales, los pequeños y grandes comercios, los mercados populares, los transportistas y hasta los campesinos que sobreviven con un mínimo de recursos económicos.
Una situación triste y exasperante para los campesinos que están sufriendo estos delitos, ya que los invade el miedo y la impotencia de no saber qué hacer. Pero sobre todo sufren el abandono institucional.
En esta semana la noticia más grave fue una balacera en el mercado Morelos de la ciudad de Puebla, un asunto relacionado con “el cobro de piso” y de alto impacto mediático por ser uno de los principales centros de abasto de la capital, además de acumular 6 años de continuos hechos de violencia, cometidos por las mafias provenientes de Jalisco y Michoacán.
Pero lo que ocurre en Azumiatla y Ocoyucan no es objeto de atención de nadie. Los disparos al aire, las amenazas cumplidas de golpizas o el robo de ganado no son hechos registrados por ninguna autoridad, ni los medios de comunicación o los partidos políticos. Todo se queda registrado en un silencio agobiante.
Hasta acá no llega la “Estrategia nacional contra la extorsión” que el gobierno de la República echo a andar a principios de año.
A lo anterior se debe sumar que, cada vez que hace su aparición el grupo de extorsionadores, cerca de la zona se detiene una patrulla de la Policía Municipal de Santa Clara Ocoyucan, cuyos tripulantes no se bajan del vehículo oficial, pero si observan lo que ocurre a unos metros.
Esa presencia es una especie de advertencia a los campesinos de que, si denuncian los cobros ilegales, la policía no va a estar de su lado.
El grupo que extorsiona es muy conocido en la región. Es la misma organización que, es dirigida por una mujer llamada ficticiamente como la diva del cine mexicano María Félix, y que han encabezado dos gigantescas invasiones de tierras en el sur del municipio de Puebla.
Varios de los miembros de ese grupo están vinculados a un proceso penal por el delito despojo de la Ex Hacienda de San José Zetina. Pero pasan los meses y en el Poder Judicial no avanza el juicio.
Con esos antecedentes se vuelve entendible porque los agraviados optan por el silencio y la resignación.
O mejor migran para no perder lo poco que tienen.
Postura de VW sobre el río Atoyac
Hace unos días se tituló una columna de Cuitlatlán de esta manera: “¿Por qué la población de San José Chiapa desconfía del proyecto del parque de reciclaje?” Ahí, en ese texto, se expuso que el incumplimiento oficial para sanear el río Atoyac ha contribuido a que se acreciente la incredulidad ciudadana en el proyecto del Parque de Economía Circular que el gobierno de la República quiere instalar en esa región del estado de Puebla.
En dicha columna no se hace mención alguna del Grupo Volkswagen, ni a la industria automotriz. Sin embargo, dicha empresa alemana se sintió aludida y pidió ejercer el derecho de réplica. Por esa razón se reproduce la siguiente nota que mandó el área de comunicación externa del consorcio alemán.
Esta es la réplica:
Volkswagen de México
Postura – Río Atoyac
6 de mayo, 2026
Postura corporativa – Río Atoyac
Volkswagen de México mantiene un compromiso firme con la sustentabilidad ambiental y
la transparencia en sus procesos de producción, alineado con su Declaración de Misión
Ambiental, basada en la preservación de los recursos, la protección de los ecosistemas y el
cumplimiento de la normativa ambiental.
En la planta de Puebla, Volkswagen de México opera dos sistemas de tratamiento de aguas residuales —uno físico-químico y otro biológico— que permiten asegurar que las descargas al río Atoyac cumplan y superen las Condiciones Particulares de Descarga establecidas en el permiso, derivado de la “Declaratoria de Clasificación de los Ríos Atoyac y Xochiac o Hueyapan y sus afluentes”.
Durante 2025, este compromiso se fortaleció mediante la mejora de procesos hídricos en
coordinación con CONAGUA y la adhesión al Proyecto Nacional de Saneamiento del Río
Atoyac.
Volkswagen de México continúa trabajando bajo un enfoque de mejora continua y
cumplimiento normativo, contribuyendo a la protección del entorno y al desarrollo
sostenible de las comunidades donde tiene presencia.
clh