En medio de las discusiones recurrentes sobre transparencia y rendición de cuentas en el Congreso, la Cámara de Diputados tomó una decisión que ya genera debate: mantener bajo reserva durante cinco años toda la información vinculada al proceso de selección de consejeros del Instituto Nacional Electoral (Instituto Nacional Electoral).
La determinación fue emitida por el Comité de Transparencia del recinto legislativo, que resolvió clasificar como reservada en su totalidad la documentación generada durante la convocatoria en la que participaron 369 aspirantes para integrar el Consejo General del organismo electoral.
El alcance de la medida es amplio. Incluye desde los expedientes individuales de las personas candidatas hasta las evaluaciones aplicadas durante el proceso, así como cualquier documento que haya sido recibido, analizado o resguardado en el desarrollo de la selección. En consecuencia, estos materiales no podrán ser consultados por la ciudadanía hasta que concluya el plazo de cinco años establecido.
La decisión no pasó desapercibida dentro de la propia Cámara. La presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, se manifestó en contra de la reserva total, al señalar que este tipo de medidas reduce el acceso a información relevante en un proceso que tiene impacto directo en la vida democrática del país.
A estas críticas se sumaron posturas internas dentro de la Secretaría Técnica de la Mesa Directiva, donde también se cuestionó la decisión de clasificar toda la documentación como reservada, al considerar que puede afectar los niveles de apertura institucional.
El Comité de Transparencia responsable de la resolución está integrado por distintas áreas administrativas de la Cámara de Diputados, entre ellas la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros, la Secretaría de Servicios Parlamentarios, la Contraloría Interna, la Dirección General de Asuntos Jurídicos y la Unidad de Transparencia. A este grupo se suman, como invitados permanentes, representantes de la Junta de Coordinación Política y de la Mesa Directiva.
Con esta resolución, el acceso a la información del proceso queda restringido, aunque se mantiene la posibilidad de solicitar datos a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, bajo las condiciones que establece la propia clasificación de reserva.
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