Investigan a juez Enrique Romero Razo por fallo a favor de feminicida en Puebla

Por marcoa , 18 Mayo 2026
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Inició una investigación administrativa en el Juzgado Segundo de lo Civil y lo Penal del distrito judicial de San Pedro Cholula en contra de Romero Razo
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Puebla, Pue.- El Consejo de la Judicatura del Estado de Puebla dio a conocer que inició una investigación de manera formal en contra del juez Enrique Romero Razo, quien ha sido señalado por presuntamente beneficiar y dejar libre a Manuel Forcelledo Nader, feminicida de Karla López Albert y quien está sentenciado a 76 años de prisión.

Por medio de un comunicado de prensa, detalla que inició una investigación administrativa en el Juzgado Segundo de lo Civil y lo Penal del distrito judicial de San Pedro Cholula, que es encabezado por el juez Enrique Romero Razo.

Fue el pasado 14 y 15 de mayo, cuando se llevó a cabo la visita de supervisión extraordinaria en dicho juzgado, donde se escucharon a ambas partes relacionadas con el proceso en contra de Manuel Forcelledo Nader, sentenciado por el delito de feminicidio en agravio de Karla López Albert y otros ilícitos.

De esta manera, el Órgano Interno de Control abrió de manera formal una investigación administrativa, por lo que lleva a cabo diligencias para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades.

Lo anterior, con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar, en su caso, las responsabilidades a que haya lugar.

El juez Enrique Romero Razo solicitó licencia sin goce de sueldo del 11 al 14 de mayo, donde quedó como como encargada de despacho la secretaria de acuerdos, Angélica Rodríguez Zamora, quien al parecer sin facultades jurisdiccionales llevó a cabo la audiencia en donde fueron modificadas las medidas cautelares de Manuel Forcelledo Nader.

De tal manera que Angélica Rodríguez autorizó que el feminicida enfrentara el proceso con firma periódica y brazalete electrónico, pese a la condena de 76 años de prisión que recibió en el 2021 por planear y ejecutar el asesinato de Karla López Albert, joven embarazada y asesinada en 2014.

El Consejo de la Judicatura manifestó que toda actuación jurisdiccional y administrativa debe apegarse estrictamente a los principios de legalidad, imparcialidad, transparencia y responsabilidad institucional.

“Por ello, mantiene una política permanente de supervisión y cero tolerancia ante posibles irregularidades, lo que se ha traducido en investigaciones y sanciones contra personas servidoras judiciales cuando así lo determinan los procedimientos correspondientes”, señala.

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