La empresa Royal Caribbean mantiene en desarrollo un proyecto turístico en Quintana Roo que ha generado atención y controversia entre habitantes y activistas de la región. Se trata del Royal Beach Club Cozumel, un complejo de playa anunciado desde 2024 con una inversión estimada de 75 millones de dólares, actualmente en proceso de evaluación ambiental.
De acuerdo con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) presentada ante la Semarnat, el proyecto contempla la construcción de un club de playa con capacidad para recibir hasta 4,000 turistas diarios. La obra se ubicaría en el kilómetro 15 de la carretera Costera Sur de Cozumel, sobre un terreno de aproximadamente 17.42 hectáreas, de las cuales 1.1 hectáreas corresponden a la Zona Federal Marítimo Terrestre.
El desarrollo incluye infraestructura como restaurantes, albercas, baños, regaderas, áreas de descanso, acceso directo a la playa y distintas zonas de servicio. El plan está dividido en seis áreas principales: zona de llegada, alberca central, mercado, playas norte y sur, villa sur y áreas de operación.
Sin embargo, el proyecto aún no cuenta con autorización definitiva por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), ya que permanece en etapa de análisis ambiental.
En paralelo, el proyecto ha generado preocupación entre algunos sectores de la sociedad civil. La activista María González impulsó una petición en la plataforma Change.org desde hace aproximadamente seis meses, en la que advierte posibles impactos ambientales y sociales derivados de la construcción del complejo. Hasta el momento, la iniciativa suma más de 88 mil firmas.
Entre los principales señalamientos se encuentra la preocupación por una posible reducción del acceso público a la playa, así como el impacto en la economía local. En el texto de la petición se argumenta que proyectos de este tipo podrían afectar directamente a pequeños negocios de la isla, que dependen del turismo tradicional.
También se han difundido testimonios de ciudadanos que señalan que la legislación mexicana establece el libre acceso a las playas, por lo que consideran que cualquier desarrollo que limite ese acceso podría generar un conflicto con el marco legal vigente.
En una segunda petición creada el 19 de mayo, que acumula más de 13 mil firmas, se reiteran preocupaciones relacionadas con la protección de ecosistemas costeros y especies en riesgo. Los firmantes advierten que las playas de Cozumel forman parte de un entorno natural sensible, donde habitan diversas especies y ecosistemas que podrían verse afectados por la construcción.
Por su parte, la empresa ha presentado medidas de mitigación ambiental dentro de su MIA, entre las que se incluyen acciones como la reubicación de flora y fauna. No obstante, el propio documento reconoce posibles impactos en manglares y especies nativas, lo que forma parte del análisis que actualmente realiza la autoridad ambiental.
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