Esta semana entró en vigor un paquete de tres reformas electorales que la presidenta Claudia Sheinbaum promulgó tras su aprobación en el Congreso federal y en 25 congresos estatales. Una de ellas ha pasado relativamente desapercibida entre el ruido político, pero merece un análisis más cuidadoso. Mi hipótesis es que la nueva causal de nulidad por intervención extranjera no está pensada para los métodos tradicionales de intromisión diplomática, sino para un escenario mucho más moderno como el de las campañas de influencia digital impulsadas por Inteligencia Artificial, plataformas tecnológicas y actores extranjeros capaces de alterar las emociones del electorado a gran escala.
Las tres modificaciones abarcan el aplazamiento de la elección judicial a 2028, la creación de una comisión del INE para verificar la integridad de los candidatos, y la incorporación de la injerencia extranjera como nueva causal de nulidad electoral, plasmada en la base VI del artículo 41 de la Constitución. No está de más mencionar que el paquete incluyó también, de manera polémica, una reserva para permitir la reelección de magistrados electorales por un periodo adicional de seis años, lo que permitiría a algunos de ellos permanecer hasta 17 años en el cargo, una contradicción difícil de ignorar en un movimiento que hizo de la no reelección una bandera fundacional.
Para entender qué está blindando esta reforma, conviene recordar el caso que cambió la conversación global sobre democracia y tecnología. La campaña presidencial de Donald Trump en 2016 utilizó datos recopilados para elaborar perfiles psicográficos, determinando la personalidad de los usuarios según su actividad en Facebook. El equipo de campaña utilizó esa información como técnica de microfocalización, mostrando mensajes personalizados sobre Trump a distintos votantes en varias plataformas digitales. Según reportó The New York Times en su momento, Steve Bannon, asesor estratégico de la campaña y posteriormente jefe de estrategia de la Casa Blanca, estaba intrigado por la posibilidad de utilizar esos perfiles de personalidad para cambiar la cultura política del país. Christopher Wylie, ingeniero de datos canadiense y cofundador de Cambridge Analytica quien posteriormente se convirtió en el principal denunciante del caso, señaló que el equipo de Trump quería pelear una guerra cultural en Estados Unidos y que Cambridge Analytica era el arsenal de armas para esa guerra.
La mecánica que se describe en esos reportes es técnicamente sofisticada, pero su lógica es relativamente simple. El mensaje no era el mismo para todos. Al hombre desempleado en California se le mostraba al candidato republicano hablando de política fiscal y generación de empleos. A la ama de casa texana, inquieta por la inseguridad, le llegaba un mensaje enfocado en inmigración y orden público. Al recién graduado, preocupado por sus finanzas, se le presentaba una propuesta para reducir el costo de la deuda estudiantil. No era uno, sino cientos de mensajes simultáneos, cada uno calibrado para un segmento específico del electorado. Si aquello constituyó una forma de fraude o simplemente publicidad política muy eficaz, y si tuvo efectos determinantes en el resultado, es una discusión que sigue abierta. Lo que sí quedó sembrado de forma irreversible en el imaginario colectivo es la pregunta de si una empresa tecnológica, operando desde el exterior, puede alterar el resultado de una elección democrática.
Lo que saben quienes trabajan con machine learning
Quienes trabajan con modelos de aprendizaje automático, sean redes neuronales, árboles de decisión, regresiones logísticas o sistemas de recomendación, entienden que esta pregunta no es paranoica sino técnicamente fundada.
Estos modelos aprenden de forma automatizada el perfil de comportamiento de los usuarios. Identifican qué consumen, cuánto tiempo se detienen en cada contenido, qué los hace reaccionar y qué los moviliza. Con ese conocimiento, la Inteligencia Artificial tiene la capacidad de diseñar para cada usuario un entorno informativo completamente personalizado, con el objetivo de influir en su toma de decisiones, ya sea para comprar, para votar o para abstenerse. Los algoritmos que gobiernan las redes sociales y los medios digitales no son neutrales. Son sistemas de optimización que maximizan el tiempo de atención del usuario, y ese tiempo tiende a alimentarse de emociones intensas como el miedo, la indignación y la identidad tribal. Una plataforma que optimiza para mantener al usuario pegado a la pantalla puede terminar construyendo burbujas ideológicas que distorsionan la percepción de la realidad electoral.
Hay un elemento adicional que convierte este debate en algo más que una preocupación abstracta para cualquier gobierno. Las grandes plataformas tecnológicas que controlan los flujos de información digital no operan en un vacío geopolítico. Según Michael Steinberger, columnista de The New York Times y autor de una biografía sobre Alex Karp, fundador y CEO de Palantir, el punto de inflexión para esa empresa fue recibir fondos de In-Q-Tel, el brazo de inversión de capital de la CIA.
Más allá del dinero, los ingenieros de Palantir tuvieron acceso directo a los analistas de la agencia, de modo que pudieron desarrollar su software de la mano de ellos. Fue precisamente la CIA quien, a través de ese fondo, puso la primera piedra de Palantir, empresa hoy considerada una de las plataformas de análisis de datos e Inteligencia Artificial más poderosas del mundo. In-Q-Tel no se limita a Palantir. Se trata de un fondo creado para financiar tecnologías que resulten útiles a los intereses de inteligencia del Estado norteamericano, y a lo largo de los años ha tenido presencia en múltiples empresas que hoy forman parte del ecosistema tecnológico global. Desde esa perspectiva, hablar de una posible intervención extranjera canalizada a través de plataformas digitales no es una hipótesis conspirativa sino una posibilidad técnica y geopolíticamente plausible que los propios especialistas en seguridad nacional toman en serio.
En ese contexto se entiende mejor la lógica de la reforma. La prohibición de la intervención extranjera ya existía en la Constitución mexicana, pero la novedad es que ahora se establece una consecuencia jurídica directa; una elección federal o local podrá ser anulada si las autoridades electorales (los actuales magistrados a quienes se obsequió la posibilidad de quedarse hasta 17 años en el puesto) acreditan actos de injerencia extranjera que hayan influido en el resultado.
Con las elecciones de 2027 y 2030 en el horizonte, la presidenta optó por tener ese instrumento disponible en el marco jurídico del país. La pregunta que queda sin responder, y que los críticos de la reforma tienen razón en plantear, es procesal. ¿Cómo se acredita ante un tribunal que la intervención extranjera ocurrió a través de algoritmos? ¿Quién determina que el contenido que circuló en redes fue diseñado para influir ilegítimamente en una elección mexicana? La oposición ya ha señalado que este mecanismo podría convertirse en un recurso que el partido en el gobierno emplee selectivamente cuando un resultado le resulte adverso. No es un argumento desdeñable. Una causal de nulidad cuya activación depende de interpretaciones técnicas complejas puede ser tan útil como peligrosa, dependiendo de quién controle las instituciones que la apliquen.
Durante décadas, la democracia mexicana se protegió contando votos. La pregunta que plantea el siglo XXI es quién contará los algoritmos.
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Columna de Efrén Díaz en SDP Noticias
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