El Senado de la República llevará a cabo audiencias públicas los días lunes 29 y martes 30 de septiembre para analizar la iniciativa de reforma a la Ley de Amparo, una propuesta que ha generado reacciones encontradas entre los distintos grupos parlamentarios. El objetivo, según informaron legisladores, es escuchar opiniones de especialistas y ciudadanos antes de que el proyecto sea dictaminado.
Cada jornada incluirá la participación de hasta ocho ponentes, quienes tendrán cinco minutos para exponer sus argumentos. Después, senadoras y senadores de las diversas bancadas podrán hacer preguntas en una única intervención, de acuerdo con el formato aprobado por el Pleno.
Laura Itzel Castillo, presidenta del Senado, explicó que estas audiencias forman parte de un ejercicio legislativo abierto, mientras que María Martina Kantún Can, secretaria de la Mesa Directiva, destacó que se busca generar un espacio de escucha para voces técnicas y sociales interesadas en el tema.
Sin embargo, el proceso no ha estado exento de polémica. Desde la oposición, el Partido Acción Nacional (PAN) ha criticado la iniciativa y advirtió que la reforma representa un retroceso en los derechos ciudadanos, particularmente en lo que respecta a las herramientas jurídicas con las que cuenta la sociedad para defenderse ante posibles abusos del poder.
“El riesgo es que esto sea pura simulación y que, al final, la mayoría oficialista apruebe lo que ya tiene decidido”, declaró el coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, quien adelantó que su bancada participará en las audiencias, aunque con reservas.
Movimiento Ciudadano también confirmó su presencia, pero anunció que organizará su propio parlamento abierto para ampliar el debate. “Hay muchas voces que se están quedando fuera. Por eso abriremos un espacio alterno donde la propuesta pueda discutirse con más libertad”, expresó Clemente Castañeda, líder de la bancada naranja.
La iniciativa, impulsada por el Ejecutivo federal, forma parte de una serie de cambios legislativos propuestos por el actual gobierno, y ha sido señalada por diversos sectores como un intento de limitar el alcance de los amparos colectivos o de suspensiones que detengan actos de autoridad.
El debate en torno a esta reforma pone sobre la mesa una tensión constante entre la mayoría parlamentaria y los partidos de oposición, que han advertido que la aprobación sin modificaciones podría debilitar los contrapesos institucionales.
Las audiencias públicas representan, al menos en el papel, un espacio para el intercambio de ideas. Queda por ver si este ejercicio impactará realmente en el contenido final de la reforma o si será visto como una formalidad en medio de un proceso legislativo ya encaminado.
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