La aprobación de una reforma constitucional que busca combatir la extorsión en México ha sido bien recibida por el sector empresarial, especialmente por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), organización que desde hace tiempo ha venido alertando sobre el impacto económico y social de este delito.
La reforma otorga al Congreso federal la facultad para legislar en esta materia, lo que abre la puerta a una ley general que permita enfrentar el problema de manera más uniforme en todo el país.
La extorsión, en sus diferentes formas, representa una carga pesada para miles de negocios, especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), que muchas veces no cuentan con los recursos para hacerle frente. Según datos de la propia Coparmex, cada día más de 30 personas son víctimas de este delito, la mayoría mediante llamadas telefónicas en las que se exige dinero a cambio de no hacer daño o “proteger” el negocio. En lo que va de 2025, ya se han registrado casi 6 mil casos, una cifra récord en los últimos años.
Además del impacto económico —estimado en más de 21 mil millones de pesos anuales—, la extorsión tiene efectos directos en el ánimo emprendedor, frena inversiones y contribuye a la pérdida de empleos formales. Y no se trata de un fenómeno aislado: el 12.8 % de los socios Coparmex en todo el país ha sido víctima de este delito, principalmente en regiones donde el “cobro de piso” por parte de grupos criminales se ha normalizado ante la falta de acción de las autoridades locales.
Frente a este panorama, la Coparmex pidió que la futura ley general contemple medidas diferenciadas, según el tipo de extorsión y la zona geográfica. Por ejemplo, en estados donde el crimen organizado controla territorios completos, se requiere fortalecer las Unidades Antiextorsión y emplear inteligencia policial para desmantelar redes delictivas. También se propuso capacitar operadores que atiendan denuncias telefónicas y crear canales digitales seguros para las víctimas.
La organización empresarial, presidida por Juan José Sierra Álvarez, señaló que continuará trabajando con los congresos estatales para lograr la ratificación de la reforma en todo el país y colaborar en el diseño de políticas públicas más efectivas. Además, adelantó que impulsará campañas de cultura de la legalidad y promoción de la denuncia como herramientas para combatir la impunidad que ha permitido que este delito crezca sin freno.
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