Las organizaciones empresariales, académicas y sociales de México expresamos nuestro más enérgico rechazo a la reforma aprobada por la Cámara de Diputados a la Ley de Amparo, por constituir un grave retroceso en la defensa de los derechos humanos, la democracia y la seguridad jurídica en nuestro país.
Esta reforma debilita el control constitucional y afecta directamente a la pequeña y mediana empresa (PyME), al restringir la figura del interés legítimo y limitar la posibilidad de obtener suspensión contra actos arbitrarios de autoridad, dejando la protección de los derechos a la discrecionalidad de los jueces.
Se mantiene la pretensión de aplicar la ley de manera retroactiva, lo que provocará que miles de juicios y suspensiones previamente concedidas se desechen o queden sin efecto, violentando el principio de irretroactividad previsto en el artículo 14 de la Constitución y poniendo en riesgo la confianza jurídica, la inversión y el empleo.
Tal como lo advirtieron especialistas como el exministro Javier Laynez Potisek y los académicos del Foro de Constitucionalistas de México: “Dejar sin suspensión el juicio de amparo es sepultar el juicio de amparo.”
El Estado de Derecho y la rectoría democrática no se construyen desde la imposición ni desde la restricción de libertades; se construyen tendiendo puentes de diálogo, respeto y pluralidad. En una república auténticamente democrática, escuchar a la sociedad civil, a los juristas y a la academia es un deber constitucional. Es evidente que las principales voces académicas y jurídicas del país se han manifestado en contra de esta reforma, por los efectos regresivos que producirá sobre los más vulnerables, aquellos ciudadanos y comunidades que recurren al amparo como su única defensa frente al abuso del poder.
Con esta reforma, se debilitan los contrapesos institucionales y se abre la puerta a un ejercicio del poder sin límites ni control efectivo, lo que representa un retroceso histórico de más de 150 años en la evolución del constitucionalismo mexicano.
Por ello, exigimos respetuosamente a la Presidenta de la República ejercer su facultad constitucional de veto, y evitar que esta reforma sea publicada en los términos actuales.
Asimismo, bajo esta perspectiva, invitamos a los empresarios de Puebla y de todo México a crear mecanismos de control constitucional que permitan anular esta reforma y preservar el Juicio de Amparo como la garantía suprema de protección de los derechos fundamentales y del orden democrático.
“Sin suspensión, no hay amparo; sin amparo, no hay justicia.” Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
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