La Industria Mexicana de Coca-Cola anunció un acuerdo con el Gobierno de México para reducir 30% el contenido calórico en sus bebidas, como respuesta al incremento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que entrará en vigor en 2026.
El compromiso forma parte de una estrategia para mantener la competitividad del sector sin afectar tanto el bolsillo del consumidor, luego de que el nuevo impuesto prácticamente duplique la carga fiscal sobre las bebidas azucaradas.
“Se hará un esfuerzo para que los refrescos contengan una menor cantidad de calorías por litro en 30 por ciento, buscando que en un año, 70 por ciento del volumen ya se encuentre en ese supuesto”, declaró Roberto Campa Cifrián, director de Asuntos Corporativos de FEMSA, durante una conferencia en la Cámara de Diputados.
Menos azúcar y precios diferenciados
La empresa adelantó que impulsará con fuerza el consumo de sus versiones sin azúcar, como Coca-Cola Light y Coca-Cola Zero, para que sean una alternativa más accesible.
“Nos comprometemos a trabajar con nuestros distribuidores, canales comerciales y con las autoridades para que la diferenciación de cuotas entre bebidas con calorías y sin calorías beneficie al consumidor”, explicó Campa.
El objetivo, según FEMSA, es que las presentaciones bajas en calorías se vendan a precios más bajos que las versiones tradicionales, como parte del plan conjunto con el gobierno federal para mejorar los hábitos de consumo.
Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que el acuerdo busca “avanzar en la reducción del azúcar en las bebidas en el corto plazo” como parte de una política de salud pública.
IEPS más alto a partir de 2026
El cambio responde al nuevo IEPS a bebidas azucaradas, que pasará de 1.6451 pesos a 3.0818 pesos por litro, un incremento del 87% que afectará tanto a productos con azúcar como a los que contienen edulcorantes artificiales.
Esto significa que, a partir de enero de 2026, tanto una Coca-Cola regular como una Coca-Cola Zero tendrán un precio más alto. Según la Asociación Mexicana de Bebidas, el ajuste fiscal podría traducirse en un aumento de hasta 15% en el precio final para los consumidores.
El aumento del impuesto y la reducción de azúcar llegan en un contexto de reformas fiscales más estrictas y mayor vigilancia en el sector de bebidas procesadas.
La industria refresquera enfrenta el reto de mantener la demanda y evitar la caída de ventas, mientras que el gobierno busca desincentivar el consumo excesivo de azúcar y reducir problemas de salud pública como la obesidad y la diabetes.
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