Puebla, México.- La Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso local analizará la propuesta conocida como “Ley Valeria” , que busca tipificar el delito de acecho en el Código Penal del estado , contemplando sanciones de hasta cuatro años de prisión. Actualmente, este comportamiento no está reconocido como una falta punible, a pesar de sus implicaciones en la cadena de violencia de género.
La iniciativa fue presentada por la diputada Patricia Alvarado Juárez , quien propuso la inclusión del artículo 304 Sexies para definir el acecho como una conducta sistemática o reiterada, realizada sin consentimiento, que consiste en vigilar, perseguir, intentar comunicarse o acercarse a una persona de forma que se vea afectada su tranquilidad, privacidad o seguridad. Esta práctica, sostenida por la legisladora, ha sido identificada por diversas instituciones como una de las fases iniciales de la violencia feminicida .
Alvarado Juárez señaló que la falta de un marco legal que sancione estas conductas limita la capacidad del Estado para prevenir la violencia y contradice el principio de debida diligencia reforzada en la protección de los derechos humanos de las mujeres. También recordó que, a nivel federal, la Cámara de Diputados aprobó recientemente en comisiones una iniciativa homónima que incluye el acecho como delito en el Código Penal Federal .
La legisladora hizo referencia al caso de Valeria Macías , ocurrido en Nuevo León, que expuso un vacío legal que impide castigar la persecución constante cuando no hay agresión física directa. En este contexto, Puebla busca armonizar su legislación con las nuevas disposiciones federales y colocarse a la vanguardia en la defensa de las víctimas.
De aprobarse, la “Ley Valeria” impondría penas de uno a cuatro años de prisión y multas de 100 a 500 unidades de medida y actualización . Las sanciones se agravarían hasta en una mitad si la víctima es menor de edad, persona mayor, embarazada, con discapacidad o si existe una relación de confianza, autoridad o parentesco entre agresor y víctima.
Según la diputada, esta propuesta responde a una deuda histórica y representa un avance en la protección de la seguridad emocional , al equipararla con la seguridad física y patrimonial, en concordancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 .
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Foto: Redes sociales
djs
