La magistrada Janine Madeline Otálora Malassis ha anunciado recientemente que, de acuerdo al plazo específico para el cual fue designada en el momento de su toma de posesión en 2016, dejará la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el 31 de octubre de este año.
Su nombre seguramente es desconocido para la inmensa mayoría de los mexicanos y puede evocar escasos apasionamientos. En tanto que mujer discreta, honesta y congruente, se mantuvo alejada de los reflectores públicos. No ha sido su tarea, ni mucho menos.
A diferencia de la estridencia, populismo y protagonismo vergonzoso de otros impartidores de justicia como los nuevos ministros de la Suprema Corte, que aparecen en las redes sociales y medios de comunicación cada día, Otálora ha desempeñado su gran responsabilidad pública con decoro y un estricto sentido de la ética jurídica.
Me refiero en particular a dos sucesos que han sacudido la vida pública mexicana: la sobrerrepresentación entregada en bandeja de oro a Morena y sus aliados en 2024, y la sentencia de validez de la vulgar elección judicial que tuvo lugar en junio del presente.
En el primero, Otálora, en una lectura prístina del artículo 54 constitucional en todos sus numerales, determinó que el tope de diputados plurinominales no podía superar el 8 por ciento por coalición, y no por partido. De igual manera, leyó, como lo haría cualquier jurista con un mínimo de decencia, que la Constitución prohíbe que un partido político cuente con más de trescientos diputados. Sin embargo, el criterio de la magistrada se encontró en minoría frente a los votos oficialistas de Mónica Soto, Felipe Fuentes y Felipe de la Mata.
Derivado de esta interpretación ilegítima, amañada e incorrecta de la letra constitucional, el bloque oficialista superó los trescientos diputados (claramente en contravención de la citada letra constitucional) e hizo posible que el obradorismo convirtiese a la Carta Magna en algo similar a una libreta de notas de niño de primaria donde se sobrescribe, se arrancan hojas y se llena de tachaduras. La decisión del Tribunal puso a la Constitución mexicana a merced de los designios de un partido político. Imperdonable.
En otro caso, Otálora, al lado Reyes Rodríguez, se inclinó en favor de no declarar la validez de la elección judicial. Ante la evidencia de la circulación masiva de acordeones, la magistrada, en un acto de honestidad política y personal, optó por repudiar una operación de Estado cuyo objetivo no era otro que destruir la independencia del Poder Judicial.
Janine Otálora ha hecho una buena labor y ha estado a la altura de los acontecimientos. Ahora se retira y deja detrás un digno ejercicio de su tarea. Se queda, en cambio, un Tribunal entre cuyas prioridades no se encuentra en primer lugar la defensa del Estado de derecho en México.
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Columna de José Miguel Calderón en sdp noticias
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LMR
