Un grupo de académicos y activistas lanzó un llamado urgente a los gobiernos de México, Puebla y Tlaxcala para frenar la contaminación del río Atoyac, considerado uno de los afluentes más dañados del país. En un pliego de recomendaciones, propusieron la creación de un Organismo Operador de la Cuenca del Río Atoyac, que coordine las acciones federales y estatales con transparencia y participación ciudadana.
El documento, dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, así como a los gobernadores Alejandro Armenta Mier y Lorena Cuéllar Cisneros, plantea que el nuevo organismo sea de carácter federal y cuente con atribuciones para supervisar descargas industriales, evitar duplicidad institucional y garantizar el uso responsable de recursos públicos.
Entre las medidas inmediatas, los firmantes exigen regularizar las descargas de las empresas que vierten sustancias tóxicas a los afluentes y asegurar que Agua de Puebla cumpla con las tres fases del tratamiento de aguas residuales, de modo que al menos el 80% del caudal que llega al Atoyac sea apto ambientalmente.
Atención médica y justicia ambiental
Los especialistas también solicitan un programa integral de atención médica para las comunidades afectadas por enfermedades relacionadas con la contaminación del río, así como la entrega de medicamentos y tratamientos gratuitos para pacientes con padecimientos crónicos.
A mediano plazo, se plantea la elaboración de un Plan Integral de Cuenca, enfocado en atender las causas estructurales del deterioro ambiental: la industrialización desregulada, la deforestación, la erosión de suelos y la contaminación del aire.
Justicia socioambiental y participación ciudadana
Otro de los ejes centrales es la creación de un Plan de Justicia Socioambiental y Sanitario, que garantice la reparación de daños, la reducción de enfermedades, la recuperación ecológica y la reconstrucción de la confianza social en las instituciones.
El pliego fue firmado por más de 30 especialistas y organizaciones civiles, entre ellos Gabriela Pérez Castresana, Andrés Barreda Marín, Francisco Vélez Pliego y Francisco Castillo Montemayor, además de colectivos como la Asamblea Social del Agua, la Contraloría Autónoma del Agua Joel Arriaga y la Colectiva por el Bienestar Social.
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