Puebla, Pue. — La Contraloría Municipal de Puebla mantiene mil 153 expedientes abiertos por presuntos actos de corrupción e irregularidades administrativas cometidos por funcionarios y exfuncionarios del Ayuntamiento , informó su titular, Dulce Rivera Aranda .
De acuerdo con la funcionaria, las investigaciones se enfocan principalmente en incumplimiento de funciones, deficiencias en la prestación de servicios y posibles casos de corrupción , detectados a partir de denuncias ciudadanas y revisiones internas .
Rivera Aranda precisó que la mayor parte de las quejas se concentran en tres dependencias clave del gobierno municipal : la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) , la Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información (Secati) y la Secretaría de Servicios Públicos . Estas áreas, señaló, son las que mantienen un contacto más directo y constante con la población , lo que explica el alto volumen de informes.
“Las dependencias como la Secretaría de Seguridad, Secati y Servicios Públicos son las que propiamente tienen más quejas porque tienen mayor contacto con la ciudadanía”, explicó la contralora.
A pesar del número de expedientes activos, ningún funcionario ha sido sancionado durante la administración actual. Rivera Aranda destacó que una parte importante de los casos corresponde a expedientes heredados de gestiones anteriores , mientras que el resto se relaciona con denuncias recientes contra personal del gobierno en funciones.
La dependencia reconoció además que el canal telefónico de denuncias recibe en ocasiones llamadas que no reportan irregularidades , sino peticiones ciudadanas de servicios básicos , como limpieza o alumbrado público, lo que también incrementa el volumen de registros.
En paralelo, la Contraloría informó sobre la apertura de 15 Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) contra exfuncionarios de filiación panista , con el propósito de financiar responsabilidades por faltas cometidas durante su gestión .
De esos procedimientos, ocho corresponden a conductas graves que serán remitidas al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) , mientras que los siete restantes se consideran faltas no graves y serán resueltos directamente por la Contraloría.
Las sanciones posibles incluyen desde amonestaciones públicas hasta inhabilitaciones para ocupar cargos públicos por un período de hasta 12 años .
Rivera Aranda subrayó que los 15 procedimientos involucran a personal de distintos niveles jerárquicos , desde empleados operativos hasta altos mandos de la administración anterior , y forman parte del compromiso del Ayuntamiento para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en el servicio público.
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Foto: Especial
Djs
