A casi un año de que distintas resoluciones judiciales ordenaran el regreso del patrimonio de la Fundación Mary Street Jenkins (FMSJ) a México, el proceso sigue detenido. Ocho amparos interpuestos por seis miembros de la familia Jenkins han impedido que se ejecuten las sentencias que obligan a repatriar más de 14 mil millones de pesos y restituir a Guillermo Jenkins de Landa como consejero del organismo filantrópico.
De acuerdo con el abogado Carlos Serna Rodríguez, representante legal de Jenkins de Landa, los recursos legales han frenado también la ejecución de las órdenes de aprehensión vigentes contra los señalados por presunto desfalco y lavado de dinero, derivadas de una denuncia presentada desde 2013 ante la extinta Procuraduría General de la República (PGR).
Fundación Jenkins: una fortuna en el limbo
Los resolutivos judiciales y administrativos emitidos desde finales de 2024 obligan a la fundación a reinstalar su domicilio fiscal en Puebla y a devolver los fondos que presuntamente fueron transferidos a Panamá hace más de una década.
Serna Rodríguez explicó que, aunque los fallos ya son firmes, los amparos interpuestos por los familiares de Jenkins —Roberto, María Elodia, Margarita, Juan Carlos, Elodia Sofía y Juan Guillermo Eustace Jenkins— han detenido el proceso, prolongando la disputa.
“Nos ha quitado mucho tiempo quitar cada una de las piedras que nos ponen”, declaró el abogado, al recordar que incluso el paro del Poder Judicial en septiembre retrasó la resolución de los recursos.
El litigante destacó que el fallo más relevante es el que ordena restituir a Guillermo Jenkins de Landa en el Patronato de la fundación, pues su regreso permitiría iniciar la recuperación de los recursos y la reubicación legal de la sede.
Intervención de Sheinbaum y del Gobierno de Puebla
El caso volvió a tomar fuerza esta semana luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum instruyera a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a revisar el patrimonio de la FMSJ ante posibles indicios de fraude fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En paralelo, el coordinador del gabinete estatal, José Luis García Parra, confirmó que desde hace seis meses el Gobierno de Puebla lleva a cabo investigaciones sobre el mismo tema, en coordinación con autoridades federales.
La fundación fue señalada desde 2013 por el presunto traslado ilegal de 720 millones de dólares —aproximadamente 14 mil millones de pesos— a cuentas en el extranjero, durante el sexenio de Rafael Moreno Valle, quien impidió que la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Pública investigara el caso.
Un litigio de más de una década
El conflicto entre Guillermo Jenkins de Landa y sus familiares se mantiene desde hace más de diez años. El nieto del fundador acusa a sus padres y tíos de desviar el patrimonio de la fundación creada en 1954 por William Jenkins, cuyo propósito original era apoyar causas de asistencia social en México.
Durante el gobierno de Luis Miguel Barbosa Huerta, la Junta de Asistencia Privada reabrió el caso y emitió resoluciones que obligan a devolver los fondos y reconocer a Jenkins de Landa como consejero.
Además, la Fiscalía General de la República emitió desde 2021 órdenes de aprehensión contra los miembros del Patronato, pero ninguna ha sido ejecutada por los recursos de amparo que siguen vigentes.
El patrimonio de la FMSJ no se limita a cuentas bancarias: incluye 19 inmuebles en Puebla y el Estado de México, 21 vehículos, un helicóptero, medio centenar de obras de arte y acciones empresariales.
Pese a los múltiples procesos, el abogado Serna confía en que las resoluciones marcarán un precedente para repatriar los recursos a México y devolver la sede de la fundación a Puebla.
“William Jenkins dejó muy claro que su fortuna debía servir a México, no esconderse en paraísos fiscales”, recordó el representante legal.
Mientras tanto, la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) y el Colegio Americano, instituciones históricamente financiadas por la fundación, permanecen bajo la sombra del conflicto familiar que aún impide recuperar el control total de los fondos.
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