El gobernador Alejandro Armenta Mier dejó en claro que la amistad que exista entre colaboradores y compañeros de militancia, no es significado de impunidad, ante cualquier acto delictivo que se cometa en perjuicio de la población.
Al ser cuestionado sobre su opinión por la investigación de la inversión fallida en Accendo Banco, el mandatario estatal señaló que la obligación de cualquier autoridad sucesora es darle seguimiento a los procedimientos iniciados, ya sea gobierno federal, estatal o municipal.
Si se incurre en omitir la entrega de información para darle seguimiento a cualquier caso, complementó que se puede incurrir en actos de encubrimiento, lo cual calificó como “delicado”.
“Es un actuar institucional, claro quien gobierna, quien administra, tiene la obligación de tener toda la información documental que ampare el ejercicio del presupuesto, con las comprobaciones y las acreditaciones correspondientes”, agregó.
También aludió al recientemente comunicado de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, en la cual acredita que es competencia constitucional de su facultad indagar en este caso.
Así como en el caso de peculado y desvío de recursos cometido supuestamente por Jesús Zaldívar Benavides, exdirigente municipal de Acción Nacional (PAN), cuando se desempeñó como director general del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep).
“En el caso de Accendo son dos expedientes que están abiertos; uno de quién fue tesorera del Estado y otro el señor Zaldívar, por presuntos desvío de recursos. Son temas que se siguen y nosotros cuando la autoridad investiga, lo que hacemos es proporcionar información”, explicó.
Armenta Mier afirmó que nadie estará por encima de la ley, sin importar a la institución que pertenezca, el cargo que ocupe, posición económica o militancia política, pues no puede “sustraerse de la responsabilidad que implica actuar conforme a derecho”.
Ante cualquier comportamiento ilícito o acción indebida, mencionó que el Gobierno del Estado actúa con determinación y bajo los principios que rigen un estado democrático de derecho.
Asimismo, se siguen los principios jurídicos del debido proceso y la presunción de inocencia, asegurando que “no acusan, ni protegen, ni persiguen”, dado que son procedimientos que competen al actuar de los servidores públicos.
“Nuestra postura es clara y firme: en Puebla hay persecución, pero tampoco omisión. La justicia y la integridad pública no tienen colores ni excepciones. Este gobierno actúa con respeto absoluto a la ley y con compromiso inquebrantable, hacia el pueblo de Puebla”, declaró.
Respecto al quebranto financiero de Accendo Banco por más de 600 millones de pesos, se sancionaron a María Teresa Castro Corro, exsecretaria de Finanzas, así como a Enrique Girón Zenil, exsubsecretario de Egresos.
Ambos fueron inhabilitados por 15 y 20 años de ostentarse en cargos públicos, así como multas económicas por hasta 360 millones y 241 millones de pesos, por ser partícipes de este delito.
Foto: Especial
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