Puebla, Puebla. La Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI) advirtió que el caso del Colegio Carrusel Magone AC , donde madres y padres de familia localizaron un presunto “cuarto oscuro” utilizado para aplicar castigos físicos a menores por supuesto “mal comportamiento” , refleja posibles omisiones de la Secretaría de Educación Pública tanto a nivel estatal como federal.
La organización señaló que este hecho no debe verse como un episodio aislado, sino como una muestra de fallas en la detección oportuna y preventiva de condiciones físicas dentro de los planteles escolares. De acuerdo con la información difundida, el espacio fue hallado la semana pasada por madres y padres de familia, junto con personal de supervisión de la SEP Puebla , en esta institución ubicada en la junta auxiliar Romero Vargas , en la capital poblana.
Según lo informado, el sitio estaba conectado con el salón de música y hablaba con una cama . Además, tenía acceso a una vivienda en la que habitan familiares de la directora del plantel. La ODI indicó que, con base en la información pública disponible hasta ahora, en ese lugar niñas y niños habrían recibido castigos físicos , y que de forma constante ingresaban hombres ajenos a la institución.
La organización recordó que la SEP tiene la obligación de identificar zonas de riesgo inminente para la violencia sexual dentro de los espacios escolares. En ese sentido, mencionó que ya había documentado desde 2021 , en el informe “Es un secreto” , el uso de infraestructura educativa en colegios de nivel preescolar para cometer agresiones, espacios como casas habitación dentro de escuelas, bodegas o salones con escasa visibilidad.
La ODI alertó que este tipo de áreas representan focos de riesgo que pueden exponer a niñas y niños a distintas formas de violencia , incluida la violencia sexual . También subrayó que en Puebla existe un protocolo para la detección, prevención y actuación en casos de abuso sexual infantil , acoso escolar y maltrato , el cual establece la responsabilidad del personal directivo y administrativo para realizar observación activa y detectar factores de riesgo en los centros escolares.
Asimismo, sostuvo que la SEP federal está obligada a garantizar espacios seguros para que niñas, niños y adolescentes cursen sus estudios libres de agresiones, mediante políticas adecuadas de contratación , supervisión y vigilancia en los planteles. La organización agregó que estas obligaciones ya habían sido señaladas a la dependencia en resoluciones judiciales emitidas en 2022 por juzgados de distrito en materia penal en la Ciudad de México , relacionadas con casos de violencia sexual ocurridos en 2011 .
De acuerdo con la ODI , el caso del Colegio Carrusel Magone vuelve a poner sobre la mesa presuntos incumplimientos de la autoridad educativa en sus deberes para evitar la repetición de hechos similares. También indicó que sigue pendiente el compromiso asumido desde el 28 de agosto de 2025 por el secretario Mario Delgado Carrillo , respecto a la detección y retiro de casas habitación al interior de planteles escolares en todo el país, así como la garantía de instalaciones seguras, incluyendo la separación de baños entre alumnado y personal educativo.
Finalmente, la organización llamó a las autoridades educativas federales y estatales a realizar recorridos de seguridad en las escuelas como parte de una estrategia de concientización sobre la gravedad del abuso y el maltrato infantil . También pidió a las instancias educativas y ministeriales encargadas de investigar el caso cumplimiento con estándares de protección , justicia y no revictimización , además de determinar si hubo incumplimientos a los protocolos y fincar las responsabilidades correspondientes.
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foto: Especial
Djs
