En el ámbito de la educación privada en México, las universidades no solo están sujetas a lineamientos académicos, sino también a regulaciones de carácter comercial cuando ofrecen servicios con costo. Bajo este marco, la Procuraduría Federal del Consumidor realizó una intervención en el estado de Puebla que derivó en la suspensión temporal de actividades comerciales de una institución educativa.
La dependencia federal informó que llevó a cabo una visita de verificación en la Universidad Anáhuac Campus Puebla, ubicada en la zona de la San Andrés Cholula, luego de recibir una denuncia ciudadana relacionada con posibles irregularidades en la prestación de servicios educativos. El resultado de la inspección derivó en la colocación de sellos de suspensión en el inmueble.
De acuerdo con el reporte oficial, una de las principales observaciones fue la falta de información clara y visible sobre los costos totales de inscripción, reinscripción y colegiaturas. Esta omisión, señaló la autoridad, impide que los estudiantes y padres de familia conozcan con precisión el monto real que deberán cubrir al contratar los servicios educativos.
Otro punto señalado fue que los comprobantes de pago entregados por la institución no cumplen con los requisitos de claridad y veracidad establecidos por la normativa vigente. Esto, según la autoridad, representa un problema para la transparencia en las operaciones comerciales, ya que dificulta la verificación de cargos y conceptos cobrados.
Asimismo, la Profeco detectó que la universidad mantiene políticas que impiden la devolución de pagos en conceptos como inscripción o colegiatura, lo cual contraviene disposiciones incluidas en la Ley Federal de Protección al Consumidor, un ordenamiento que regula las relaciones entre proveedores y usuarios de servicios en el país.
Como medida preventiva, la autoridad ordenó la suspensión de la comercialización de bienes y servicios educativos en el campus, lo que implica que la institución no podrá realizar actividades de cobro o promoción hasta que corrija las irregularidades detectadas y acredite el cumplimiento de la normativa correspondiente.
Este tipo de acciones no es aislado. En años recientes, la misma autoridad ha aplicado medidas similares en otras instituciones educativas como el CLEU, la Universidad del Valle de México y el Colegio Intercanadiense, en casos donde también se identificaron problemas relacionados con la información de costos o políticas de devolución.
La intervención se enmarca en una estrategia de vigilancia que busca que los proveedores de servicios educativos operen bajo condiciones de transparencia en precios, claridad en contratos y respeto a los derechos del consumidor. En este contexto, la autoridad ha reiterado que los usuarios deben contar con información suficiente antes de tomar decisiones de contratación.
Finalmente, la dependencia recordó que los establecimientos están obligados a cumplir con la normativa vigente y ofrecer condiciones claras desde el inicio de la relación comercial, especialmente en sectores como el educativo, donde los costos suelen ser elevados y de largo plazo.
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