Los acuerdos para liberar el predio de La Ciénega, en Puebla, duraron poco. A menos de un mes de que las autoridades estatales anunciaron su recuperación, vendedores de autos usados regresaron al terreno y a las vialidades aledañas, reactivando la compraventa informal de vehículos en una zona destinada a un proyecto de vivienda federal.
La presencia de los llamados “coyotes” se detecta nuevamente en los alrededores del Infonavit Movimiento Obrero, particularmente sobre la Diagonal Defensores de la República, donde al menos 30 revendedores se instalan en camellones y banquetas para ofrecer dinero en efectivo a automovilistas interesados en vender sus unidades. Además, varios vehículos se mantienen estacionados desde el Carril de la Rosa hasta la Avenida Tecnológico, como parte de la operación del tianguis.
No solo las vialidades han sido ocupadas otra vez. El predio conocido como Tianguis La Ciénega, que había sido desalojado semanas atrás, fue invadido nuevamente por los revendedores, pese a que el espacio estaba destinado a un desarrollo habitacional para trabajadores del Estado.
El retorno de los vendedores ocurre a pesar de que el secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, informó que se alcanzaron acuerdos para reubicar a los comerciantes en otros puntos de la ciudad. Las negociaciones se realizaron con las dos organizaciones que concentran la venta de autos en la zona: Tianguistas de Autos “Villa Verde” y la Coordinadora Nacional de Grupos Populares.
Según lo anunciado por el funcionario, el primer grupo sería trasladado a un predio cercano a la Central de Abasto, mientras que el segundo se instalaría en la zona de Las Torres. Sin embargo, la reaparición de los vendedores en La Ciénega evidencia que la reubicación no se ha consolidado o no fue respetada.
El 15 de septiembre, el Gobierno de Puebla informó que había recuperado el terreno tras una solicitud del director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, ya que en el sitio se proyecta la construcción de 427 viviendas del Fovissste. En ese momento, el gobernador Alejandro Armenta aseguró que el desalojo se realizó sin el uso de la fuerza y con el compromiso de ofrecer alternativas a quienes por casi tres décadas ocuparon el espacio.
El predio estaba previsto para ser entregado al ISSSTE el pasado 15 de diciembre, aunque hasta ahora no se ha confirmado si existe autorización federal para que el terreno vuelva a ser ocupado de manera informal. La falta de claridad mantiene en pausa el proyecto de vivienda y reabre el debate sobre el control del comercio informal en la zona.
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